Opinión: REFORMA LABORAL: PROCESO Y FUTURO

Juan Miguel Sucunza, presidente de la Confederación Empresarial Navarra.

El jueves 30 de diciembre, el BOE publicaba el Real Decreto-ley de “medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo”, norma a la que se ha llegado tras un arduo proceso de negociación e importantes concesiones por parte de los agentes intervinientes: Gobierno, sindicatos y empresarios. Lo positivo es que se ha alcanzado un acuerdo entre muy diferentes posturas ante una de las reformas claves para el devenir de nuestro mercado de trabajo y las relaciones laborales.

Los empresarios somos conscientes de que hemos tenido que realizar, nuevamente, un ejercicio de responsabilidad para aportar certeza a la estabilidad social, de cara a nuestra imagen exterior, y esperamos que el consenso alcanzado en esta materia favorezca la confianza en España, después de muchos meses de mensajes negativos sobre nuestro crecimiento, deuda, inflación y otras cuestiones relevantes.

Las decisiones no han sido fáciles tras un periodo de duras negociaciones y de muchos momentos con deseos, legítimos, de romperlas por parte de los empresarios. Es un hecho el que, en España, tenemos un Gobierno netamente de izquierdas, con algunos apoyos parlamentarios nacionalistas más radicales y con una Ministra de Trabajo de Podemos que se autodenomina comunista, quien, el pasado 17 de marzo, presentó un proyecto de reforma laboral impregnado de su ideología. En aquel momento, el presagio para los empresarios no era nada halagüeño.

Los primeros borradores eran inadmisibles porque imposibilitaban la flexibilidad en las empresas. Contemplaban, entre otros aspectos, como objetivo principal una reducción drástica de la contratación temporal, argumentando que en España existe un 25% de temporalidad y en otros países de Europa el 13%, sin considerar las características específicas del mercado laboral español. Las medidas propuestas se dirigían a dotar al empleo existente de un carácter más estable y no tanto a fomentar su creación. Y ese es un riesgo presente, que esperamos no se materialice, porque los empresarios trabajamos para que las empresas crezcan, la economía mejore y se genere empleo de calidad.

Afortunadamente, somos parte de la Unión Europea, cuyo objetivo lógico, siendo España su cuarta economía, es mantener nuestro país estable, sólido y competitivo. Y, por ello, ha sido el acelerador indirecto de las negociaciones y, en el fondo, la palanca para llegar a un acuerdo. ¿Qué hubiese pasado sin la influencia de Europa?

En todo este tiempo, los textos han ido avanzando y los empresarios hemos conseguido frenar y rebajar muchas de las pretensiones iniciales lesivas para nuestras empresas y mantener alguno de los aspectos troncales para garantizar la flexibilidad interna. Con el acuerdo se consigue mantener varios de los derechos esenciales para el funcionamiento de las empresas, teniendo en cuenta que la propuesta inicial arrasaba prácticamente con todos.

A pesar de lo logrado frente a lo inicialmente planteado, he de reconocer que la resultante no define el marco más adecuado para el desarrollo de nuestro país porque va a traer menor flexibilidad y mayor complejidad que es lo contrario a lo que nuestro tejido productivo necesita. Un ejemplo de ello es la fulminación del Contrato de Obra y Servicio. Además, se da prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa, lo que va a modificar la dinámica de la negociación colectiva, y se recupera la ultractividad, aspectos muy valorados por los agentes sindicales. Y aunque el texto consensuado no afecta a todos los sectores y empresas por igual, difícilmente encontraremos alguno que mejore su posicionamiento. Para ayudar a equilibrar la balanza, esperemos que los gobiernos realicen una gestión eficiente de los fondos europeos en favor del crecimiento y del empleo.

Por parte de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), y pensando en el futuro de las empresas navarras, como Presidente apoyé la última propuesta en el Comité Ejecutivo de CEOE el pasado día 23, después de mantener un debate intenso y muy constructivo en nuestro propio comité. Creo, ante todo, que el acuerdo alcanzado sirve para mitigar “daños mayores” ante otras posibles medidas laborales y ofrecer estabilidad, que la necesitamos, para crecer e infundir confianza en el exterior.

Llegados a este punto, nos enfrentamos a la tramitación parlamentaria. Parece que alguno de los socios, elegidos por el propio Gobierno, no dan su visto bueno al acuerdo alcanzado, entre otros aspectos porque rechazan que los convenios autonómicos no tengan prevalencia sobre los estatales. Pero el Gobierno tiene la obligación de dar certeza a las empresas, a los trabajadores, a los inversores y a Europa, por lo que cuando alcanza un acuerdo con empresarios y sindicatos, debe respetarlo: cumplir con el compromiso de la obligación contraída al cien por cien. Eso esperamos todos: empresarios, sindicatos y Europa, nuestro proveedor de fondos. De otra forma, seríamos engañados.

Pedimos altura de miras a los grupos parlamentarios. No pueden perderse en construir y destruir políticas y leyes al margen de los agentes implicados, sino que deben mirar al futuro más que al pasado. La legislación siempre tendrá que actualizarse, pero en las políticas esenciales son necesarios acuerdos de estabilidad, de estado, entre los partidos mayoritarios. En la modernización de las Relaciones Laborales debe tenerse en cuenta la evolución de la economía, las relaciones sociales, el entorno tecnológico, la formación, la educación, con una visión prospectiva de nuestro país.

En definitiva, debemos ser responsables de nuestro futuro. Los empresarios lo estamos siendo y demostrando, una vez más, con nuestra validación a esta reforma. Si hacemos un análisis retrospectivo al inicio de la negociación y consideramos los actuales equilibrios políticos y sociales en España, nos hemos visto obligados a minimizar daños ante un gran riesgo de destrucción de la estructura de crecimiento y generación de empleo en nuestras empresas.

Publicado en Diario de Navarra, 2 de enero de 2022