CEN INFORMA
19.10.2011

Recuperar la confianza en el mercado español, principal objetivo de las medidas presentadas por CEOE y CEPYME

El documento propone distintas reformas en aspectos tales como el mercado laboral, la negociación colectiva o el sector público
CEOE y CEOYME dieron a conocer el pasado miércoles las propuestas de los empresarios para superar la crisis económica y aseguraron que la mayor contribución que puede hacer el futuro Gobierno de España tanto al bienestar de nuestro país como al fortalecimiento del euro es instrumentar las políticas necesarias para asegurar la sostenibilidad de nuestra elevada deuda exterior y recuperar la confianza de los mercados en el futuro de nuestra economía. Para descargarse el documento en el que se recogen las distintas medidas sugeridas, pulse aquí.

CEOE y CEPYME defendieron que la economía española ha perdido una parte importante de su credibilidad en los últimos años. Según los empresarios, el elevado endeudamiento exterior, las bajas perspectivas de crecimiento, la pérdida de competitividad acumulada, la crisis inmobiliaria y el rápido deterioro de las cuentas públicas, a pesar de los esfuerzos de los últimos tiempos, han generado dudas sobre la capacidad de repago de la economía española.

 

En este sentido,  la patronal cita textualmente en su informe Propuestas de los empresarios para superar la crisis económica que “la mayor contribución que puede hacer el Gobierno de España tanto al bienestar de nuestro país como al fortalecimiento del euro es instrumentar las políticas necesarias para asegurar la sostenibilidad de nuestra elevada deuda exterior y recuperar la confianza de los mercados en el futuro de nuestra economía”. Para ello, afirmó que nuestro país necesita articular una combinación de reformas y medidas económicas que simultáneamente fomenten el crecimiento y reduzcan la necesidad de financiación exterior por unidad de crecimiento.

 

Reducción del déficit público y reforma del sector público

 

Los empresarios españoles defienden en este documento la reducción del déficit público y la reforma, asimismo, del sector público. En este sentido, abogan porque la mayor parte del ajuste se realice a través de una reducción del gasto corriente ineficiente, simplificando la estructura administrativa, fijando prioridades en el gasto, ajustando el tamaño del sector público, evaluando constantemente la eficacia de las políticas y del gasto, aprovechando la colaboración público-privada, tanto en la producción como en la financiación de bienes y servicios públicos realizando una presupuestación más realista y suficiente con los gastos comprometidos.

 

También afirman que se deberían acercar los precios públicos a los costes de producción de los servicios públicos, introducir mecanismos de moderación de la demanda, reforzar las obligaciones de información presupeustarias a tiempo real para la Administración Central, La Adminstración Autonómica, los Ayuntamientos y el conjunto del setor público empresarial. En este apartado, además, reclaman el manteniemitno constante del total de la carga fiscal y reforma del sistema tributario: reducción sustancial de las cotizaciones sociales, rebajar la imposición sobre el ahorro; y simplificar y reducir el Impuesto de Sociedades, reforma global en el IVA que permita a las empresas diferir el ingreso del IVA hasta el momento del cobro.

 

Asimismo, añaden que son necesarias medidas eficaces para combatir el fraude fiscal y el establecimiento de  un principio de cuenta única fiscal que permita la compensación por deudas tributarias de empresas con deudas pendientes de la Administración Pública.

 

Reforma del mercado laboral y de la negociación colectiva

 

CEOE y CEPYME porponen al próximo Gobierno de España la creación de un nuevo pacto de moderación salarial para el período 2012-2015 y la simplificación de la legislación laboral y del número de contrataos frente a las 43 modalidades actuales, que quedarían, básicamente, en un contrato indefinido, un contrato temporal, un contrato fijo discontinuo, un  contrato de obra y servicio, un contrato a tiempo parcial y un contrato de formación.

 

Además, en materia laboral sugieren situar la indemnización habitual por despido improcedente del contrato indefinido, como en la media de los países europeos, en 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, respetando los derechos adquiridos; la flexibilización de los contratos a tiempo parcial y de formación; eliminar  la indexación salarial allPC en la negociación colectiva; y dotar a la empresa de instrumentos de flexibilidad interna (porcentaje anual de disponibilidad, bolsa de horas, horas extra y flexibilidad funcional).

 

Por otro lado, indican que se debe regulación del derecho de huelga, fundamentalmente en lo referente a servicios esenciales, impulsar la solución extrajudicial de conflictos, aprobar una nueva Ley de Mutuas que refuerce su carácter empresarial,  adoptar un Pacto Social para la Formación, que permita establecer las prioridades en esta materia, clave para la competitividad empresarial, y modificar el actual modelo de formación profesional para el empleo. Entre otras muchas medidas ha llamado la atención, especialmente, en los medios de comunicación la propuesta de modificar el calendario laboral trasladando las festividades al lunes.

 

Restablecer el crédito y la liquidez para las empresas

 

Estricto cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las Administraciones Públicas, reconocimiento de su deuda con proveedores y establecimiento de un calendario de pagos. Estas son las tres medidas principales en esta materia, pero no las únicas. Además, proponen una mayor diversificación de las fuentes de financiación mediante la ampliación de la oferta de instrumentos (capital riesgo, capital semilla, sociedades de garantía recíproca, ect).

 

Unidad de mercado y cargas administrativas

 

En este ámbito, recomiendan que se homogenize la legislación que afecta a la actividad empresarial, se simplifique la normativa, se redefinan los límites competenciales para evitar duplicidades entre la Administración Central y las Administraciones territoriales, así como garantizar la independencia de los organismos reguladores sectoriales y la Comisión Nacional de la Competencia. Otro punto destacado, es la reducción de las cargas administrativas y la aprobación de una Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

 

Fomento del espíritu emprendedor y PYMES

 

En un país como España en el que la mayoría de las empresas son PYMES y micropymes, se comprende que se dedique un apartado para el impulso de los emprendedores. Para ello, aseguran que es necesario elevar la valoración social de la figura del empresario y de la economía de mercado actuando sobre todo en el sistema educativo.

 

Asimismo, aseguran que preciso hacer un especial hincapié en el fomento del espíritu empresarial entre las mujeres con el fin de aumentar su participación en el tejido empresarial, reducir los costes de financiación de las empresas que empiezan. Y, por último, proponen un régimen especial en lo fiscal y en lo laboral para las empresas de nueva creación, así como la reducción de cargas administrativas y mejora del funcionamiento de las ventanillas únicas.

 

Propuestas horizontales: elevar la competitividad

 

CEOE y CEPYME apuestan por el proyecto de construcción europea, que ha sido fundamental en el desarrollo económico español. En este sentido, abogan por el cumplimiento estricto de las reglas de gobernanza europea, y piden un grado de exigencia en materia de reformas estructurales equivalente a de las reglas fiscales y una presencia más activa de España en las decisiones europeas.

 

En cuanto a la internacionalización de las empresas, ambas organizaciones, reclaman al nuevo Gobierno que priorice la política de internacionalización de empresas en el ámbito presupuestario y que mejore el tratamiento fiscal de las actividades de exportación e inversión. Reclaman, además, la coordinación administrativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas y la elaboración de un plan especial de mejora de la logística y del transporte como factores fundamentales para aumentar la competitividad de la economía española.

 

Con respecto a la educación y la formación profesional en España, insisten en la mejora de su eficiencia aplicando la libertad de elección de las familias y la participación del sector privado. Proponen la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional de Formación Profesional, el impulso del conocimiento de idiomas y nuevas tecnologías y la mejora de la relación entre la empresa y el sistema educativo.

 

En materia Judicial demandan la creación de un organismo destinado a depurar y simplificar la legislación vigente. Y también, reclaman la promulgación de una legislación con mayor claridad, calidad y estabilidad. Por otro lado, en medioambiente señalan que se debe coordinar la legislación y la fiscalidad medioambiental entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales.

 

Por último, en Energía proponen la integración de España en el Mercado de Energía de la UE a través del completo desarrollo de las interconexiones eléctricas y gasistas con Eruopa; y en Investigación, Desarrollo e Innovación, la creación de un marco regulatorio que impulse la economía digital.

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