CEN INFORMA
07.10.2011

"El éxito de la reforma de las pensiones depende de tener una tasa de actividad del 70 por ciento"

José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid 
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Asociación Española de Salud y Seguridad Social organizaron, el pasado lunes, 3 de octubre, una jornada acerca de la reforma de la Seguridad Social, con dos expertos en la materia: el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia, Guillermo Rodríguez Iniesta, y el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Tortuero. La jornada fue dirigida, a su vez, por el profesor de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos I (Madrid), Guillermo Barrios (para ver el material audiovisual de este contenido, pulse aquí).

La jornada analizó la recientemente aprobada Ley 27/2011, de 1 de agosto, que recoge la reforma de la Seguridad Social, contemplada en el Acuerdo Social firmado en febrero por el Gobierno y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO), y aborda aspectos como el aumento de la edad de jubilación. Tal y como señaló, Rodríguez Iniesta, esta reforma se debe al envejecimiento de la población, y, por lo tanto, “es necesario una mejora de la contributividad del sistema”, algo que, “es paradójico, porque, hasta ahora, siempre se ha hablado de que había que tender a lo contrario”, apuntó el profesor.

 

Rodríguez Iniesta también consideró que la norma aprobada este verano tiene una estructura muy compleja (nueve artículos, 52 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, doce disposiciones finales y una disposición derogatoria), mientras que el proyecto de ley que llegó al Congreso tan sólo tenía catorce disposiciones. A este respecto, el catedrático Tortuero lamentó que “alguien se ha convertido en el ministro de la felicidad”, y ha provocado que, en el Congreso y en el Senado, todos los grupos políticos “hayan pedido la carta a los Reyes Magos”, en referencia a sus inclusiones en la norma.

 

A esto, Tortuero añadió que “jugamos con acuerdos sociales muy importantes en ocho años”, pero que “los trámites parlamentarios tienen que tener una simbiosis con esos pactos previos”. Como muestra de esa ausencia de equilibrio entre las fuerzas económicas y las políticas, el catedrático se refirió a “la falta de equidad y sensatez que supone el efecto de la Ley sobre todos los pactos de jubilación parcial habidos y por haber”.

 

Por su parte, el profesor Rodríguez Iniesta también se refirió a la “muy farragosa” entrada en vigor de esta norma, en la que “parte de ella entró en vigor a mediados de agosto; otra, entrará en vigor en 2012; otra, en 2013… pero la virtualidad real de la reforma no llegará, para algunas prestaciones, hasta el año 2027”. En este sentido, Tortuero consideró que ésta es “una mala forma legislativa”, porque, aunque transcurra mucho tiempo entre el anuncio del proyecto de Ley hasta la entrada en vigor, “sí se busca un impacto y una repercusión mediática”.

 

De hecho, el catedrático de la Universidad Complutense se refirió a la reforma como una “mini-reforma” (a su juicio, como la que también suponen las del mercado laboral y la de la negociación colectiva), pero que se viste con un “mensaje grandilocuente”, porque “a los mercados les gusta” y “lo interpretan como un menor gasto público”, sin interesarle a estos el detalle de la propia reforma, tal y como denunció Tortuero.

 

Sin embargo, debido a esta proyección mediática, “se contribuye a que los afectados actúen de forma diferenciada”, apuntó Tortuero. Así, “en función de los cambios, las empresas pueden acelerar sus procesos de reordenación de plantillas, pactos de jubilaciones parciales o jubilaciones forzosas”. Mientras que los trabajadores se jubilan antes, “en vista de lo que les viene”. Por eso, el catedrático informó de que “ha venido una precipitación de jubilaciones” que no estaban previstas.

 

El catedrático denunció que la reforma, “tan prolongada en el tiempo, la hace extraordinariamente complicada”, aunque reconoció que estos plazos se deben a que se “necesita un espacio temporal largo, porque la entrada en vigor conlleva una forma complejísima de funcionar”, algo que se traduce en la larga adaptación que tienen por delante el INSS y la Tesorería de la Seguridad a las nuevas fórmulas. Por ejemplo, en la actualización de sus sistemas informáticos.

 

Inclusiones en el régimen

 

El profesor Rodríguez Iniesta abordó algunos puntos de la reforma relativos al encuadramiento y aseguramiento a la Seguridad Social de algunos colectivos, por ejemplo, “se establecerán mecanismos de inclusión en el sistema para personas que participen en programas de formación o financiados por organismos públicos o privados vinculados a estudios universitarios o FP y que lleven consigo una contraprestación económica”.

 

En concreto, tal y como explicó el profesor de la Universidad de Murcia, “tratan de acabar con la figura del becario que está trabajando como uno más, pero con muy poca protección o ninguna, y evitar así los fraudes laborales y fiscales vinculados a las becas”. En este sentido, Iniesta consideró que la Administración Pública “no sabe la que se le viene encima con esto”, así como las Universidades, “en las que muchos profesores están contratados como becarios, y que ya han denunciado su situación a la Inspección de Trabajo”.

 

Otra inclusión contemplada en la norma es la de la prestación de servicios domésticos a través de empresas, referida a las tareas domésticas prestadas por trabajadores no contratados directamente por los titulares del hogar familiar sino al servicio de empresas, que determinarán su alta en el régimen general por cuenta de dichas empresas. Un aclaración que, según Iniesta, “no era necesaria”, y que simplemente trata de relacionarlo con la integración del sistema especial de empleados del hogar. Otra inclusión que marca la norma es la de los profesionales del doblaje, que hasta ahora estaban obligados a trabajar como autónomos.

 

Iniesta también se refirió a los aspectos de financiación que recoge la norma, como las aportaciones económicas al Tesoro Público, a través de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), que, tal y como incidió, se ha impuesto a causa del caso del ERE de Movistar. Sin embargo, “va a traer muchos problemas saber cuándo se entiende que una empresa tiene beneficios”, apuntó el profesor, que añadió que, al parecer, deberá interpretarse conforme al Plan General Contable.

 

El éxito de la reforma depende de la tasa de actividad

 

Por su parte, José Luis Tortuero, que abordó el apartado de la norma relativo a las pensiones de jubilación, consideró que la reforma no era urgente. “Claro que tenemos un problema demográfico, pero nuestra generación del baby boom llamará a las puertas de la Seguridad Social diez años más tarde que en el resto de países europeos, como Francia, Alemania o Suecia”. En este sentido, el catedrático consideró que España, antes de iniciar la reforma, tenía un “colchón de oxígeno” para analizar con tiempo cómo toman sus medidas los socios europeos.

 

Estos países, según explicó Tortuero, han emprendido reformas que consisten, básicamente, en el aumento de la edad de jubilación o de la elevación de los periodos de cotización para tener jubilación plena. Sin embargo, “estas elevaciones sirven o no dependiendo que las tasas de ocupación de la población activa sean suficientemente importantes, del entorno del 70% o el 80%” (España está actualmente en el 60,12%). Es decir, el éxito de la reforma de las pensiones depende de que haya suficiente población ocupada, a modo de “sujetos receptores”, señaló el catedrático. Por lo tanto, Tortuero llamó a que, además de que se aumente la edad de jubilación, se apliquen “políticas de empleo agresivas; de lo contrario, la reforma recaerá sobre las espaldas de los pensionistas”.

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