CEN INFORMA
16.09.2011

CEPYME considera que el Impuesto sobre el Patrimonio es injusto

Comunicado de CEPYME, 16 de septiembre de 2011
CEPYME considera que no es aceptable la mal denominada “reactivación” del Impuesto sobre el Patrimonio. La implementación de esta medida es un claro ejemplo de inseguridad jurídica que afecta gravemente a la economía española. El restablecimiento en este mismo ejercicio del impuesto, cuando ya han pasado tres cuartas partes del mismo, dota de una imprevisibilidad absoluta a los agentes económicos para evaluar el coste y la repercusión de esta medida en la toma de sus decisiones que afectan al ahorro y, por tanto, a la inversión productiva.

El Impuesto sobre el Patrimonio penaliza el ahorro

 

El Impuesto sobre el Patrimonio  castiga el sacrificio de las familias, obligando a pagar impuestos por los bienes en los que se ha materializado un ahorro que ya tributó en el momento en que se generó (depósitos, efectivo, vivienda, etc.). La alta tributación que ya soporta el ahorro en el IRPF (19%-21%), unida a los bajos tipos de interés y a la inflación, hace que en la actualidad su rentabilidad neta sea ridícula. Si se penaliza adicionalmente el ahorro a través del Impuesto sobre el Patrimonio los ahorradores obtendrán una rentabilidad negativa. A su vez, el Impuesto sobre el Patrimonio también lo pagan los extranjeros que poseen patrimonio en territorio español (jubilados, inversores, etc.), por lo que se propiciará que la inversión extranjera escape hacia otras economías con un sistema fiscal más favorable.

 

A esta medida se le suman otras iniciativas anteriores que han aumentado los costes fiscales, tales como el aumento del tipo impositivo máximo sobre la renta y el ahorro; el aumento del IVA; el adelanto del pago fraccionado sobre el impuesto de Sociedades, etc., lo que redunda en una merma de recursos que son imprescindibles en esta situación de crisis económica para financiar y recapitalizar a las empresas.

 

El Impuesto sobre el Patrimonio alcanzará a las clases medias

 

A pesar de que se ha tratado de comparar el Impuesto sobre el Patrimonio con el Impuesto sobre grandes fortunas francés, no son equiparables: el impuesto francés sólo grava patrimonios a partir de 1.300.000 €, los tipos son muy inferiores a los del Impuesto sobre el Patrimonio y, además, el impuesto francés tiene amplias reducciones (por hijos, inversiones en PYMES, donativos, etc.).

 

Establecidas las modificaciones sobre el anterior Impuesto del Patrimonio se penalizará especialmente a aquellos sujetos pasivos que hayan materializado su ahorro a lo largo del tiempo en inmuebles de naturaleza urbana, depósitos bancarios y otros activos financieros, elementos patrimoniales sobre los que se está ya tributando y a los que el Gobierno establece una doble imposición.

 

En este sentido, y dado el contexto actual, las entidades de crédito tendrán  mayores dificultades a la hora de aumentar sus pasivos en cuanto a la captación del ahorro y, por tanto, contarán con menores recursos para poder atender a las necesidades de financiación de la economía española, que son perentorias para la actividad de las pymes y de los autónomos.

 

Con base en los datos publicados por la Agencia Tributaria en 2007, el 15,19% de los que declaraban el impuesto en 2007 se verán obligados a satisfacerlo; es muy dudoso que ese porcentaje tan elevado corresponda a grandes patrimonios. Por poner un ejemplo, según la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2008 del Banco de España, el patrimonio neto (riqueza neta) de los hogares es más elevado cuando el cabeza de familia tiene entre los 55 y los 64 años. Concretamente, en aquellos hogares en los que el cabeza de familia es empleado por cuenta propia, el patrimonio neto medio es de 638.000 € y cuando éste tiene estudios universitarios es de 554.600 €: si tales son los datos promedio es evidente que hay un amplio conjunto de familias de clase media que se verán afectadas, fundamentalmente, las de autónomos o trabajadores por cuenta ajena con estudios universitarios próximos a la edad de jubilación.

 

Respecto del mínimo exento de 300.000 € para la vivienda habitual cabe destacar que, en 2007, casi el 60% de los inmuebles declarados en el Impuesto sobre el Patrimonio no correspondían a la vivienda habitual, por lo que su alcance es muy limitado. En cualquier caso, dadas las grandes discrepancias que existen en los precios de la vivienda entre las ciudades españolas, el mínimo exento penalizará a los propietarios residentes en las ciudades más caras.

 

El Impuesto sobre el Patrimonio no cubre las necesidades de la economía española

 

El Impuesto sobre el Patrimonio no es un instrumento de política fiscal definitivo para afrontar el déficit pues su capacidad recaudatoria es muy limitada. La recaudación prevista es equivalente al ahorro obtenido por la eliminación de la deducción por nacimiento de hijos del IRPF. No parece que dicho ahorro se haya materializado en mejoras de nuestra economía, por lo que esta nueva medida tampoco tendrá impacto relevante en nuestras finanzas.

 

Los ajustes fiscales deben ir por la vía del recorte del gasto corriente y del acometimiento de reformas estructurales.

 

Dudas sobre la constitucionalidad de la medida

 

Dado el contexto económico actual, el alcance de los cambios que se prevén por la restauración del impuesto sobre el Patrimonio, no justifica en absoluto su aprobación por trámite de urgencia. En este sentido, la adopción de esta medida puede calificarse como un elemento de arbitrariedad importante de la política económica del actual Gobierno.

 

Una vez más, asistimos perplejos al abuso de la legitimación que el Gobierno tiene conferida para legislar mediante Real Decreto-ley. Al margen de otros argumentos que hacen dudar de la constitucionalidad de esta reforma, es muy dudoso que la Constitución permita burlar el poder legislativo de las Cámaras, mediante una iniciativa legislativa continua desde el Consejo de Ministros, cuando se ha tenido toda una legislatura para impulsar reformas de alcance.

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