CEN INFORMA
31.08.2011

Entra en vigor el nuevo contrato de formación, para jóvenes de hasta 30 años

Tras su publicación en el BOE, hoy también se suspende la conversión en indefinidos a los contratos encadenados de la reforma de 2006
El nuevo contrato de formación que, hasta 2013, se puede realizar a menores de 30 años, entra hoy en vigor, tras la publicación, ayer, en el Boletín Oficial del Estado, del Real Decreto de “medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo” (para descargar el Decreto publicado en el BOE, pulse aquí).

De esta forma, entraron en vigor las iniciativas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, con la excepción de la prórroga de la ayuda de 400 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones. Por ejemplo, ya se aplica la suspensión, durante dos años, de la obligación de hacer fijos a los trabajadores que hayan encadenado contratos temporales por 24 meses, durante un periodo de 30. El decreto también amplía, hasta 2013, la asunción por parte del FOGASA del pago de 8 días por año trabajado en los despidos por causas objetivas que estén justificados y que implican una indemnización por despido de 20 días por año trabajado.

 

Contrato de formación, “con plenos derechos laborales y de protección social”

 

El preámbulo de la norma define el nuevo contrato de formación como un “contrato con plenos derechos laborales y de protección social que combina el trabajo remunerado en una empresa con la formación que permita adquirir una cualificación profesional”. Y añade: “el nuevo contrato para la formación permitirá, por una parte, dotar de una cualificación profesional acreditada a todos aquellos jóvenes que carezcan de ella; junto a ello, la persona trabajadora realizará un trabajo efectivo en una empresa directamente relacionado con la formación que está recibiendo”.

 

De hecho, el propio decreto justifica esta figura en el hecho de que “la crisis económica ha llevado al desempleo a miles de nuestros jóvenes, muchos de los cuales, llamados pro la expansión del sector de la construcción, abandonaron prematuramente en su día el sistema educativo para ocupar empleos de baja calidad, por lo que sus niveles de cualificación son muy bajos”. Concretamente, “el 60% de los desempleados menores de 25 años no poseen siquiera el título de graduado en ESO y un buen número de ellos, aun teniéndolo, carecen de cualificación profesional alguna”.

 

En este sentido, un artículo de hoy en el portal El Confidencial advierte de esta falta de cualificación en las listas del paro: “el 30% de los ciudadanos que no terminó sus estudios básicos se encuentra sin empleo en la actualidad y, sumándole aquellos que dejaron de estudiar tras el bachillerato, representan a tres cuartas partes del volumen de parados en España”.

 

En este artículo, se pone de manifiesto que más del 45% de los parados se registra en ocupaciones no cualificadas en el Servicio Público de Empleo. Así, diecisiete de las veinte profesiones más solicitadas no precisan de formación alguna para su desempeño. Concretamente, “limpiador o personal de limpieza en general”, con 322.027 inscritos (7,9% del total), es el epígrafe que más parados enmarca, seguido por administrativo (7,2%) y dependiente de comercio (6,8%). Por otra parte, albañiles y peones de la construcción suman un 10% de todos los parados.

 

Postura de CEOE

 

CEOE y CEPYME lamentaron, el pasado viernes, que no se incluyan modificaciones relativas a la contratación a tiempo parcial en el proyecto de Real Decreto de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, estabilidad en el empleo y mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Con estas medidas, CEOE y CEPYME consideran que no se va en la dirección adecuada para la recuperación de la actividad económica y del empleo.

 

Según las organizaciones empresariales, la decisión del Gobierno supone, de nuevo, una oportunidad perdida en la flexibilización de este contrato, cuya utilización está al menos 5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de nuestro entorno. CEOE y CEPYME consideran que se está desperdiciando la ocasión de reactivar la contratación a través de un modelo que ofrece amplio recorrido, que ayuda a la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores, conjugada con la adecuada protección y seguridad, y que está siendo un contrato con  éxito en muchos de los países europeos.
 

Por lo que respecta a la modificación del contrato para la formación y el aprendizaje, CEOE y CEPYME consideran que se aleja mucho del modelo alemán y de la formación dual. Al mismo tiempo,  introduce rigideces que van a dificultar su utilización por las empresas y, en consecuencia, no afronta las necesidades de contratación de los jóvenes españoles. En este sentido, hay que recordar que más del 40% de los mismos están desempleados.
 

Fondo de Capitalizacion
 

Las organizaciones empresariales indican que no se entiende retrasar hasta una fecha tan tardía como el primer semestre del 2013 para que se abra un proceso de negociación con los agentes sociales con el fin de crear el Fondo de Capitalización. Si realmente se quiere poner en marcha el citado fondo debe adelantarse el comienzo de las negociaciones al primer semestre de 2012.
 

Además, en el apartado 2 del artículo 3º, se elimina el pago del FOGASA al empresario cuando el despido sea improcedente, vaciando de contenido la norma ya que los despidos son declarados improcedentes en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, debería mantenerse el régimen transitorio tal como estaba previsto en la Ley 35/2010 hasta la entrada en vigor del Fondo.
 

En el mismo apartado del citado artículo se establece la finalización del periodo transitorio a 31 de diciembre de 2013, con independencia de que se haya puesto en marcha o no el Fondo de Capitalización. Los empresarios consideran que carece de sentido tal disposición porque el periodo transitorio debe enlazar con la creación del Fondo. Por tanto, debe suprimirse este apartado.
 

FOGASA
 

En cuanto a la integración del FOGASA en el Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de 6 meses, CEOE y CEPYME la consideran  innecesaria y ajena a la función y racionalidad de ambos organismos.
 

Las organizaciones empresariales consideran que hay dudas razonables desde el punto de vista jurídico/técnico para que se pueda proceder a la citada integración. Subrayan que la Ley 6/1997 indica que “los organismos públicos tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos de esta ley”.
 

Añaden, además, que el Fondo de Garantía Salarial se enmarca en las prescripciones de la normativa europea, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, que señala que los estados miembros deben crear una institución que garantice el pago de sus créditos a los trabajadores asalariados afectados.

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