CEN INFORMA
24.06.2011

Las otras reformas necesarias para el crecimiento: financiación autonómica, sanidad, educación y justicia

CEOE e IEE defienden que para salvar a las empresas hay que mejorar el conjunto de la economía del país
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentaron esta semana los libros titulados "Reformas necesarias para potenciar el crecimiento de la economía española". Unos volúmenes que analizan los cambios que precisan ámbitos tan importantes para la buena evolución de la economía como la Educación, Justicia, Sanidad y Financiación Autonómica.

El acto, celebrado en la sede de CEOE el pasado 21 de junio, contó con la participación del presidente de la confederación empresarial, Juan Rosell, quien señaló la importancia de abrir el debate de las otras reformas necesarias en España para asentar las bases de la recuperación.

 

Por su parte, el presidente del IEE, José Luís Feito destacó que el empresariado español conoce el papel decisivo de las ideas para configurar la orientación económica de un país. Según Feito, “los empresarios han hecho suya la máxima de Ortega yo soy yo, mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. Para el Presidente del IEE, “no se puede salvar a las empresas españolas si no salvamos el conjunto de la economía del país.”

 

En la presentación, José Luís Feito también indicó que “nunca como ahora ha tenido tanta utilidad social la reflexión sobre las deficiencias del entramado institucional de nuestra economía y sobre las reformas necesarias para adecuarlo a los tiempos que vivimos.”

 

En los libros se destaca la gran congestión que padece el sistema judicial en España e indica la necesidad de aplicar medidas para reforzar la eficiencia y la rapidez en los distintos órdenes jurisdiccionales.

 

En el ámbito sanitario, el libro presentado por el IEE plantea la necesidad de realizar una reforma global del sistema sanitario que persiga, por un lado, mejorar la gestión de la demanda mediante el establecimiento del mecanismo de copago, la elaboración de un catálogo de prestaciones públicas claramente delimitado y reforzar el papel de la sanidad privada.

 

En materia educativa y de formación, los libros editados por el IEE abogan por una formación profesional dual, que combine formación y empleo, además de reforzar formación profesional no reglada a través de políticas activas que promuevan la inserción laboral y aumenten la formación continua en las empresas.

 

En cuanto a la financiación autonómica, ambas instituciones recogen en estos libros que este sistema debería garantizar la igualdad efectiva entre de los ciudadanos a los servicios públicos mediante la asignación de los recursos en función de sus necesidades de gasto y no de la capacidad fiscal.

 

PRIMERA MESA

 

La reforma de la Educación General y de la Formación Profesional

 

El sistema educativo

 

Los rendimientos escolares se sitúan por debajo del resto de países de nuestro entorno. Además, España presenta una tasa de abandono escolar prematuro del 30%, lo que nos convierte en el tercer país con peores perspectivas, puesto que gran parte de los jóvenes españoles verán limitada su vida profesional y sus posibilidades de aprendizaje. A pesar del aumento de los recursos por alumnos durante la última década, los resultados se han estancado, lo que pone de manifiesto la existencia de problemas estructurales.

 

La combinación de una mayor rendición de cuentas de los estudiantes, los centros educativos y los profesores, una mayor autonomía de los centros y un incremento de la competencia entre los mismos favorecería que tanto los centros públicos como los concertados tendrán que ser más competitivos, atrayendo a las familias más por los resultados académicos o la idiosincrasia de su enseñanza, y menos por otras razones.

 

El sistema de formación profesional

 

La formación profesional reglada y no reglada es esencial para impulsar un cambio en el modelo productivo a través de la generación de empleos en aquellos sectores que mayor uso hagan de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

 

No obstante, la formación reglada española presenta un elevado nivel de abandono escolar y una desconexión con la demanda de cualificaciones por parte de las empresas. Asimismo, nos situamos con unos niveles muy bajos en la Unión Europea en el ámbito de la formación ocupacional para parados y en la formación continua de las empresas a sus empleados.

 

Con el fin de converger en el uso de las nuevas tecnologías y conseguir una estructura ocupacional más adecuada a un nuevo modelo productivo, es preciso reducir el elevado nivel de abandono escolar y reformar la formación profesional reglada.

 

En concreto, es prioritario introducir niveles de FP de grado medio anteriores a la edad escolar obligatoria, aumentar la especialización de la formación profesional y vincular la formación a las necesidades laborales mediante una mayor colaboración con el mundo empresarial.

 

En este sentido, una formación profesional dual, que combina formación y empleo puede ser una herramienta adecuada. Asimismo, es importante reforzar formación profesional no reglada a través de las políticas activas para promover la inserción laboral y aumentar la formación continua en las empresas para favorecer un incremento de la productividad de los trabajadores.

 

SEGUNDA MESA

 

La reforma de la Financiación Autonómica, de la Justicia y de la Sanidad

 

Financiación Territorial

 

A lo largo de los últimos 30 años España ha experimentado un intenso proceso de descentralización, donde los Gobiernos regionales son el nivel administrativos más importante, absorbiendo el 36% del gasto público y el 54% del personal. No obstante, dicha evolución de la financiación territorial debería contener medidas que garanticen el estado del bienestar y la sostenibilidad de las finanzas.

 

En concreto, el nuevo mecanismo de financiación territorial debería garantizar explícitamente la igualdad efectiva de los ciudadanos a los servicios públicos mediante la asignación de los recursos en función de sus necesidades de gasto y no de la capacidad fiscal.

 

Por su parte, las Comunidades Autónomas deberían tener un mayor grado de corresponsabilidad fiscal gracias a una separación clara de los impuestos compartidos, unas restricciones presupuestarias más duras y la capacidad de introducir mecanismos de copago. Sin embargo, el Estado debería poder imponer medidas presupuestarias extraordinarias en situación de emergencia y conocer en casi en tiempo real la ejecución presupuestaria de las Administraciones Autonómicas.

 

El sistema sanitario

 

El actual sistema sanitario presenta importantes elementos que van a determinar su futuro. En este sentido, se encuentran los inadecuados incentivos para los ciudadanos, que han percibido el sistema como gratuito y, por tanto, lo han utilizado un 40% más que la media europea. Asimismo, el envejecimiento de la población española, por el que se duplicará el número de mayores de 65 años en las próximas tres décadas, provocará un incremento del gasto sanitario asociado, impulsado también por el gradual aumento del valor añadido incorporado en los cuidados médicos que los encarecen.

 

En este contexto, es preciso realizar una reforma global del sistema sanitario que persiga, por un lado, mejorar la gestión de la demanda mediante el establecimiento del mecanismo de copago, la elaboración de un catálogo de prestaciones públicas claramente delimitado y reforzar el papel de la sanidad privada. Por otro, optimizar la oferta de prestaciones sanitarias gracias al aumento de la autonomía de gestión de los hospitales, apostar por la especialización, favorecer la externalización de servicios no sanitarios y crear una central de compras nacional de medicamentos de uso hospitalario.

 

La Justicia

 

El principal problema del sistema judicial español es la creciente congestión: desde 2004, cuando los casos pendientes se situaban en 2 millones, la cantidad de asuntos en trámites ha crecido de manera significativa hasta superar los 3 millones en 2009. Ésta es una consecuencia de la crisis económica que eleva los litigios en las jurisdicciones civil y social, pero también de la promulgación de determinadas normas en el ámbito penal.

 

Con el objetivo de reducir dicha congestión sería necesario aplicar medidas para reforzar la eficiencia y la rapidez en los distintos órdenes jurisdiccionales, como el aumento de determinados umbrales que permitan acceder a procedimientos más sencillos y ágiles.

 

Asimismo, habría que evitar la judicialización de procesos que puede resolver mejor la Administración Pública y promover el uso de medios alternativos de resolución de conflictos. Además, la completa interoperabilidad entre los sistemas informáticos de los juzgados españoles podría reducir los costes de funcionamiento.

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