CEN INFORMA
11.02.2011

APD celebra una jornada acerca de la reforma de la Seguridad Social, en la sede de CEN

“La reforma laboral no ha funcionado”, según José Ramón Mínguez, socio del bufete Barrilero y Asociados
La Asociación para el Progreso de la Dirección organizó, el pasado día 3, una jornada relativa a la reforma de la Seguridad Social y otras novedades laborales, en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra. La sesión, que abordó aspectos de actualidad, contó con la colaboración de la propia CEN, el bufete Barrilero y Asociados, Adecco y la aseguradora Surne.

En el encuentro, el socio de la División Laboral de Barrilero y Asociados, José Ramón Mínguez, aseguró que, aunque la Seguridad Social “no está en quiebra”, sí que “requiere mantenimiento”, ya que se enfrenta a varias amenazas como la de tener una de las esperanzas de vida más altas de Europa. Algo que, en principio “debería ser una buena noticia”, según explicó Mínguez. La esperanza de vida está en los 83 años para las mujeres y los 79 para los hombres. Mientras que, a principios de siglo, con los primeros seguros de vida, estaba en torno a los 40 años.

 

Sin embargo, tal y como señaló, la gente no se jubila más tarde. Además, “una de cada dos jubilaciones es anticipada en el régimen general, y eso cuando no se dan EREs que contemplan jubilaciones a partir de los 50”, aseguró Mínguez. Por otra parte, la edad de entrada en el mercado laboral también es más tardía: “en torno a los treinta años”. El “punto crítico” del cambio demográfico será, según el experto, 2025 y 2026, y “hay tiempo para gestionarlo”, aseguró. A esto se le añade la propia crisis, que influye en la pérdida de cotizantes, y, por lo tanto, “si no se paga a la Seguridad Social, no hay caja”.

 

En otro orden de cosas, Mínguez advirtió de las características de nuestro sistema de pensiones español, basado en el reparto (“los que trabajan son los que pagan las pensiones de los que en ese momento están jubilados”), que “es más solidario y redistributivo, pero tiene sus riesgos”; y no en la capitalización, “donde metes tu dinero en una hucha y un gestor buscar rentabilidades y te lo invierte”. Según el abogado, el modelo público debe “convivir” con el privado. De forma que, si se quiere tener una mayor pensión, ésta deberá “combinarse” con un plan privado, afirmó el ponente.

 

Acuerdo social

 

Respecto al acuerdo social firmado entre el Gobierno y los agentes sociales, que contempla la reforma de la Seguridad Social, Mínguez recordó que aún no se ha desarrollado legislativamente, y, por lo tanto, todavía no se ha publicado en el BOE. El abogado destacó algunas de las novedades del pacto en materia de pensiones, como la del aumento de la edad ordinaria de jubilación en 67 años, aunque se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65, con una “carrera laboral completa” que será de 38 años y medio. “He hecho números y he calculado que para poder jubilarse a los 65 hará falta empezar a trabajar y cotizar desde los 26 años”, incidió el ponente, subrayando así la exigencia que va a caracterizar al nuevo sistema.

 

La jubilación anticipada también se somete a restricciones, ya que ésta será a partir de los 63, con un mínimo de 33 años cotizados, y se aplicará un coeficiente reductor único del 7,5% por cada año anticipado respecto a la edad ordinaria de jubilación. Además, y, “para evitar el fraude, no se permiten los complementos por mínimos en la jubilación anticipada”. Por otra parte, en supuestos de crisis, se acepta la jubilación a los 61 años. Aunque, a este respecto, Mínguez lamentó que “se trata de volver a una de nuestras matracas habituales: ¿qué es una crisis?”, y se refirió a su propia difícil experiencia al demostrar la mala situación de una empresa frente a la autoridad laboral.

 

Por otra parte, la jubilación parcial también se modifica. Esta modalidad es una de las “escasísimas ocasiones en las que coinciden empresario y trabajador”, ya que beneficia a ambos, aunque “supone un mayor coste para la Seguridad Social”. Así que, “han hecho el negocio del trilero con la jubilación parcial, que es quitarla, pero sin quitarla”. Es decir, aumentar su coste (“la cotización será íntegra tanto para relevista como para revelado”, dicta el pacto social), hasta el punto de que Mínguez sugirió que los agentes no se van a acoger ahora a este supuesto.

 

En cuanto al aumento del periodo de cómputo de la base reguladora de la pensión, de 15 a 25 años, el abogado se mostró partidario del cálculo basado en toda la vida laboral. “Me parece más redistributivo”, aseguró, al tiempo que destacó que así se beneficiarían aquellos trabajadores que hayan empezado jóvenes a trabajar y hayan sido afectados por un ERE de extinción en el último tramo de su vida laboral. Aunque sí perjudicaría al autónomo que haya cotizado por la base mínima y haya aplicado la máxima en sus últimos años, según argumentó Mínguez.

 

Éste también se refirió a la medida de que las mujeres que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción podrán adelantar antes de los 67 años la edad de jubilación en nueve meses por cada hijo, con un máximo de dos años, siempre que con ese periodo adicional dispongan de una carrera de cotización suficiente para la jubilación plena entre los 65 y los 67 años. Mínguez apuntó que se trata de una medida “beneficiosa socialmente”, aunque consideró que va “contra la propia lógica de la reforma”.

 

Mínguez también se refirió a las cotizaciones de aquellos jóvenes que participan en programas formativos o de investigación. Aquí, el jurista de Barrilero y Asociados puso de relieve el punto del acuerdo que marca que “se permitirá el pago de cotizaciones, por una única vez y por un plazo no superior a dos años, por las situaciones en las que existe obligación de cotizar en la actualidad, y en las que en el periodo de cuatro años previos a la promulgación de la ley, al no existir, provocó una amplia laguna de cotización en los años iniciales de la vida laboral de los cotizantes”. Teniendo en cuenta esto, el ponente mostró su preocupación por cómo puede afectar la medida a determinadas empresas que, en los últimos años, hayan trabajado en temas de investigación.

 

Por último, y para concluir su visión acerca de la reforma de la Seguridad Social, Mínguez lamentó que no se hayan reformado otras prestaciones como la de la incapacidad temporal, ya que supone, según él, un enorme costo para las arcas. “Habría que preguntarse porque en España las gripes duran 25 días, mientras no exceden de la semana en el resto de Europa”, afirmó éste.

 

Reforma laboral y otras novedades en esta materia

 

Otro de los aspectos analizados por el conferenciante fue la reforma laboral, aprobada por decreto en junio, y, posteriormente, en proyecto de ley, en septiembre, para ser, recientemente desarrollada en el pacto social de la semana pasada. Algo que demuestra, según Mínguez, que “la reforma no ha funcionado”, y es que “con el mercado de trabajo, nos estamos equivocando mucho”, lamentó éste.

 

El abogado recordó que, además de la reforma, también hay novedades laborales en otras leyes en vigor, como la de los presupuestos, que ha modificado aspectos importantes, por ejemplo, en el régimen de trabajadores autónomos, donde se ha anticipado a 48 años (antes, 50) la edad máxima para ampliar la base de cotización, endureciendo las cotizaciones para que los autónomos puedan obtener la pensión máxima. Otro “rejón”, “hecho con nocturnidad y alevosía”, advirtió Mínguez, fue la de que aquellos autónomos que tengan más de 50 trabajadores a su cargo se les equipara al grupo 1 de cotización y, por lo tanto, ya no pueden cotizar por la base mínima.

 

En cuanto a la reforma laboral, Mínguez lamentó que, a pesar de la modalidad de fomento de la contratación indefinida, “no se está contratando”, y esto se debe, según él, a que “la economía española se ha hecho poco competitiva”. Éste añadió: “no es que el empresario no quiera contratar, sino que no puede soportar más costes laborales”. Además, apuntó que el costo del despido es de “vértigo” en España, ya que “el costo del despido con causa en España es más alto que el despido improcedente en cualquier país de Europa”. Por ejemplo, contrapuso la indemnización de 45 días por año trabajado, frente a los siete días del despido en el Reino Unido.

 

Añadido a este costo, Mínguez denunció el hecho de que, en nuestro país, “la autoridad laboral no te deja hacer nada”. Según él, ésta, a pesar estar obligada por ley (según el Estatuto de los Trabajadores), no aprueba ningún ERE si no hay acuerdo entre empresa y trabajadores. “Esto está haciendo muy difícil la salida de las empresas en crisis, que se están refugiando en la jurisdicción social, a través de los despidos individuales, y no de los ERE”.

 

Por lo tanto, “el mercado es completamente rígido”, y no ha habido novedades en la reforma, según Mínguez (de hecho, señaló que la jurisprudencia se sigue basando en los mismo criterios). Aún y todo, el experto aportó algunas propuestas para dinamizar el mercado laboral, aunque reconoció que, “con mis medidas, no se ganan elecciones”, ya que se basan en “cambiar los subsidios actuales por trabajo”. Así, el abogado de Barrilero y Asociados propuso opciones como la de situar la indemnización del despido al “mínimo”, aunque, en tal supuesto, sí propuso condicionar una sanción mayor para la empresa que no tenga un plan de recolocación de su plantilla.

 

Cambios en la intermediación laboral

 

Posteriormente, intervino el asesor jurídico de Adecco, Carlos Arcas, que se refirió a las novedades en materia de intermediación laboral. Tal y como explicó, la reforma laboral propone una reflexión sobre el papel que los servicios públicos de empleo desempeñan en el desarrollo de la estrategia europea de empleo (esta materia, de hecho, debía transponerse de la Directiva europea 2008/104/CC), que consiste en modernizar su funcionamiento y la coexistencia con otros servicios de intermediación. Las medidas, en este sentido, son las de regular las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y modificar la regulación de las empresas de trabajo temporal (ETT).

 

“Sería conveniente ordenar la intervención e intermediación de los diferentes agentes que actúan en el mercado de trabajo a fin de conseguir una mayor eficacia en el objetivo final: el pleno empleo”, consideró Arcas, que destacó cómo, a las puertas de los cinco millones de desempleados, “el Servicio Público de Empleo se muestra incapaz de absorber este paro”.

 

Éste explicó algunos de los aspectos de la nueva normativa, como es el caso de la ampliación de los sectores de actividad donde podrán operar las ETTs. Así, a partir del 1 de abril de 2011, podrán realizarse contratos de puesta a disposición en las actividades peligrosas señaladas en el artículo 8 del Real Decreto 216/99 (construcción, minería, industrias extractivas por sondeos, plataformas marinas, explosivos, alta tensión, etc.), aunque con excepciones (radiaciones ionizantes o exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos). También, en abril, se suprimirán todas las limitaciones o prohibiciones actualmente vigentes para la celebración de contratos de puesta a disposición por las ETTs, incluida la prohibición de trabajar con la Administración Pública.

 

Arcas aprovechó su intervención para aportar algunos datos, como el de que las ETTs gestionan más del 70% de sus contratos con trabajadores pertenecientes a colectivos de difícil inserción. Además, en 2009, colocaron a 4,5 veces más trabajadores que el Servicio Público de Empleo y colocaron a nueve veces más jóvenes menores de 25 años que la Administración Pública.

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