CEN INFORMA
20.08.2010

La nueva ley de morosidad redunda en más seguridad para las transacciones comerciales, según CEOE

CEOE y CEPYME consideran que la Ley 15/2010, de reforma de la ley de morosidad, está “alineada” con sus propuestas, “lo que redunda en una mayor seguridad de las transacciones comerciales”. Por tanto, también consideran que la norma está en la línea de la propuesta comunitaria, “si bien se ha de esperar a la finalización  del proceso de revisión de la Directiva en materia de pagos para poder efectuar una valoración completa sobre este aspecto”.

Sin embargo, CEOE también considera de que “es conveniente reforzar aún con mayor intensidad tisis aquellos instrumentos que puedan disponerse en manos de los acreedores para que ejerzan plena y eficazmente todos sus derechos cuando no cobran a tiempo.

 

Ley de Morosidad

 

El pasado 6 de julio, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Con la nueva normativa, se establecen los siguientes plazos de pago máximos:

 

- Entre empresas, con carácter general y a partir de 2013, a partir de la entrega de bienes o de la prestación de servicios. Por su parte, los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente antes de que se cumplan treinta días desde la recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.

 

- Con Administraciones Públicas, con carácter general y a partir de 2013, treinta días desde la fecha de expedición de la certificación o documento acreditativo de la realización total o parcial del contrato, así como, cuando no proceda la expedición de certificación de obra, desde la entrega de las mercancías o prestación de los servicios.

 

Para adaptarse a ese marco en 2013, la ley también establece unos periodos transitorios:

 

- Entre empresas: 85 días hasta el 31 de diciembre de 2011 y 75 días hasta el 31 de diciembre de 2012.

 

- Con Administraciones Públicas: 55 días hasta el 31 de diciembre de 2010, 50 días hasta el 31 de diciembre de 2011 y 40 días hasta el 31 de diciembre de 2012.

 

Además, también se contemplan las siguientes excepciones:

 

- Para productos alimenticios frescos y perecederos, cuyos plazos de pago se mantienen en 30 días a partir de la fecha de entrega de mercancías, sin la aplicación de periodos transitorios.

 

- Las empresas que mantengan contratos vivos con las Administraciones Públicas podrán acordar plazos de pago con sus proveedoras y/o subcontratas los siguientes plazos: 120 días hasta 31 de diciembre de 2011 y 90 días hasta el 31 de diciembre de 2012.

 

Dentro del Ministerio de Industria, se establecerá un órgano de seguimiento de la morosidad con participación de asociaciones multisectoriales de ámbito estatal y autonómico, así como de la Plataforma Multisectorial contra la morosidad. Otra novedad de la normativa es que las sociedades publicarán, en sus memorias de las cuentas anuales, la información sobre los plazos de pago a sus proveedores, de manera que pueda ser auditable de conformidad con los plazos establecidos por la Ley.

 

Mayor incidencia de la morosidad en las pymes

 

“En el contexto económico actual, el aumento de la morosidad de las operaciones comerciales lastra adicionalmente al activo circulante de las empresas, aumentando las necesidades operativas de fondos y amplificando los efectos y los resultados negativos de la debilidad de la demanda y de las restricciones de acceso a la financiación”, según señala CEOE, en su informe de la Ley de Morosidad, presentado en el Comité Ejecutivo del pasado 14 de julio.

 

Además, “más allá de la relevancia de la morosidad como factor amplificador del ciclo económico actual, se ha de destacar este sobrecoste en el que incurre la economía española como factor que lastra la competitividad de nuestra estructura productiva en el medio y largo plazo. En este sentido, se amplia la visión de los efectos del alargamiento excesivo de los plazos de pago, en cuanto a que nuestros bienes y servicios incorporan un coste adicional de financiación en el precio, que en igualdad de condiciones de calidad con los bienes y servicios de nuestros competidores nos posiciona en una situación de desventaja competitiva”.

 

CEOE y CEPYME advierten, además, de la mayor incidencia de este fenómeno sobre las pymes, que “están más expuestas ante la dilatación excesiva de los plazos de pago y el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos debido su menor poder de negociación, la menor diversificación de fuentes de financiación externa y a su menor capacidad para generar recursos internos”.

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