CEN INFORMA
24.06.2010

CEPYME pide la aplicación inmediata de la nueva regulación contra la morosidad

El Comité Ejecutivo de CEPYME valoró, el pasado 22 de junio, positivamente la nueva normativa contra la morosidad en las operaciones comerciales aprobada por el Congreso de los Diputados, el pasado 17 de junio, y ha solicitado la aplicación “efectiva e inmediata” de estas modificaciones para reducir los efectos negativos de la morosidad en las empresas, especialmente en las pymes.

La Confederación destaca que las medidas aprobadas están en la línea de las propuestas que desde CEPYME se han venido formulando en los últimos años, así como de la propuesta comunitaria en esta materia. En este sentido, el Comité Ejecutivo de CEPYME ha valorado positivamente que la nueva normativa refuerza “todos aquellos mecanismos de control y seguimiento que imponen la obligación a los poderes públicos de pagar en treinta días”, y ha insistido especialmente en que sean las Administraciones Públicas las primeras cumplidoras de los plazos de pago establecidos.

 

Igualmente, se ha valorado el establecimiento de un período máximo de pago en operaciones comerciales que se efectúen entre las empresas, el devengo automático de intereses en caso de impago y la compensación por los costes de cobro que conllevaría la gestión de estas operaciones.

 

No obstante, CEPYME destaca la necesidad de reforzar “aún con mayor intensidad” todos los instrumentos posibles para que los acreedores puedan ejercer “plena y eficazmente” sus derechos cuando no cobran a tiempo. Asimismo, la Confederación recuerda que la morosidad es “sólo uno de los factores que generan tensiones de tesorería” en las pymes e insiste en la necesidad de abordar otras mejoras del entorno en el que operan estas empresas, tales como las relacionadas con las condiciones de acceso a la financiación, la capacidad de gestión económico y financiera de las pymes o el fomento de los procesos de innovación en estas empresas.

 

Apoyo unánime del Congreso a la reforma de la Ley de Morosidad

 

El pasado 17 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó, de forma unánime, la reforma de la Ley de Morosidad (2004), que, a partir de 2013, establecerá una rebaja a 60 días del plazo de los pagos entre empresas (ahora el plazo es de 101 días) y a 30 días de los que tiene que hacer a éstas la Administración (plazo que está actualmente en 154 días). Esta norma se aplicará a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, y los contratos ya firmados deberán adaptarse en un plazo de tres meses.

 

La ley establece un periodo transitorio para adaptarse de modo gradual a este escenario. Así el plazo de pago de la Administración Pública a las empresas será de 55 días desde su entrada en vigor; de 50 días desde el 1 de enero de 2011; a 40 días en 2012, y a 30 días en 2013. Por su parte, el sector privado deberá pagar en 85 desde la entrada en vigor de la reforma; en 75 días a partir de enero de 2012, y en 60 días a partir de enero de 2013.

 

“Además, para algunos sectores, como la construcción, se han previsto excepciones. Los proveedores de materiales para obra civil cobrarán a 120 días hasta finales de 2011. Esta prerrogativa responde a que las constructoras, que pagan de media a 193 días, se quejan de que sus clientes son las administraciones públicas”, tal y como apunta La Vanguardia.

 

Además, las demoras de pago de productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso los treinta días. Además, la ley también suprime la alternativa de pacto entre las partes, ya que, “en la práctica, eso convertía la norma en un coladero y dejaba expuestas a las pequeñas y medianas empresas al poder de las grandes compañías”, informa El Periódico de Catalunya.

 

La reforma de la Ley de Morosidad también obliga a las sociedades a publicar los plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales. Por otra parte, el Gobierno facilitará, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de crédito directa para entidades locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010. “Se estima que la deuda de los ayuntamientos con sus proveedores supera los 33.000 millones de euros”, añade el diario El Mundo.

 

Este diario también advierte de que “una de cada cuatro empresas españolas cierra a consecuencia de los impagos”. Otras cifras complementarias a éstas son las de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (promovida por Pimec, y que aglutina a 1,5 millones de empresas y autónomos), que indicó en un estudio que el plazo medio de cobro que se pactó en el primer trimestre del 2010 entre las empresas privadas fue de 93 días, pero el pago efectivo se produjo a los 107 días. El año pasado, la media de cobro real se situó en 101 días. “Ambos datos contrastan con los 57 días de cobro medio en Europa”, señala el estudio, tal y como recoge La Vanguardia.

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