CEN INFORMA
08.01.2010

Trabajo plantea cambios en el sistema de pensiones para mejorar su viabilidad

“El Ministerio de Trabajo ha elaborado un primer borrador de reforma de la Seguridad Social que aborda diferentes propuestas para mejorar la viabilidad del sistema. Los cambios planteados en ese documento afectan a la pensión de viudedad, el cálculo de prestaciones, la cotización mínima exigida para acceder al cobro y las medidas necesarias para animar a los trabajadores a que se jubilen más tarde, entre otros elementos”, así informaba el diario El País, en un artículo del pasado 5 de enero, que avanzaba esta propuesta, a la que todavía deben sumarse las aportaciones del Ministerio de Economía y de Presidencia del Gobierno, para después consensuarla con los agentes políticos y sociales.

Según El País, uno de los principales puntos de este documento plantea si es conveniente mantener la prestación de viudedad “cuando las convivencias familiares son breves y no existen descendientes”. Tan sólo en esos casos, el documento contempla abonar una indemnización en pago único o una prestación de carácter temporal. En cambio, en el documento también se propone la posibilidad de mejorar la pensión de orfandad (ahora en 341 euros de media mensual), de forma que los principales beneficiarios del fallecimiento del trabajador sean sus descendientes.

 

Otros cambios en el sistema de Seguridad Social estarían, según el rotativo, en la ampliación del periodo de cotización que se tiene en cuenta para calcular la pensión. Actualmente, se toman los últimos 15 años de vida laboral como referencia para calcular la cuantía de la jubilación. Elevar ese plazo supondría, en líneas generales, una rebaja media en la cantidad percibida. Sin embargo, también se advierte de que sí se beneficiarían aquellos trabajadores despedidos al final de su vida laboral y que han pasado un periodo en el paro o en trabajos de menor cualificación antes de jubilarse.

 

En cambio, el texto descarta elevar la edad legal de jubilación por encima de los 65 años, aunque precisa algunas medidas como las de limitar la reducción de plantillas que aplican las empresas a los trabajadores de más edad, elevar por encima de 52 años la edad mínima para las prejubilaciones y fomentar la reducción de jornada y la prolongación de la vida laboral. El objetivo, señala El País, es que la edad real de jubilación (63,6 años de media) se acerque cada vez más a la legal.

 

Claves para una reforma de las pensiones, según el Círculo de Empresarios

 

Ese mismo diario publicó, en el suplemento económico del pasado 18 de diciembre, un artículo del presidente del Comité sobre el Sistema de Pensiones del Círculo de Empresarios, Ignacio Eyries, que advierte de que “las mayores y más graves dificultades para la permanencia del sistema provendrán del envejecimiento de la población, pues el incremento que experimentarán las tasas de dependencia conducirá a desequilibrios financieros severos. Éste es el gran condicionante para la viabilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, ya que España se perfila como uno de los países donde más intenso será el proceso de inversión de la pirámide poblacional”.

 

Por este motivo, desde el Círculo de Empresarios se apuesta por la “necesidad de transitar hacia sistemas de capitalización” y abogar por un “modelo mixto en el que convivan el reparto y la capitalización, dando a ésta, paulatinamente, un mayor peso en el sistema”. En definitiva, el modelo propuesto se basa en tres soportes: “un sistema público de pensiones, un sistema público de capitalización obligatorio y un sistema de ahorro individual y voluntario”.

 

El primero de ellos, señala Eyries, sería un sistema similar al actual de pensiones de reparto, orientado a la provisión de subsidios básicos que garanticen un nivel de vida mínimo. El segundo soporte, cuya importancia cuantitativa crecería de modo gradual, consistiría en un sistema obligatorio de capitalización con un fondo de pensiones a nombre del trabajador al que aportarían él mismo y su empleador, siempre que la persona ocupada superase un mínimo nivel de ingresos, para evitar el sobreahorro por parte de las rentas bajas. Por último, el tercer soporte equivaldría a los actuales fondos de pensiones privados, que suponen tan sólo un 2% del total de las pensiones en España. Aquí se deberían poner en marcha incentivos fiscales para promover este ahorro voluntario.

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