CEN INFORMA
06.08.2009

Un estudio señala que alargar el periodo de cálculo de las pensiones podría aumentar el déficit de la Seguridad Social

Académicos proponen acompañar la medida con penalizaciones por jubilación anticipada a la pensión mínima de jubilación
En un contexto de preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones, y ante un escenario de “colapso” después de 2020, a causa del envejecimiento de la población y la tendencia a la jubilación anticipada, contra lo que se puede pensar, alargar el periodo de cálculo de las pensiones puede contribuir al déficit de la Seguridad Social. Así lo señalan los profesores Javier Díaz-Giménez (IESE) y Julián Díaz Saavedra (Universidad de Granada), en su estudio Las pensiones públicas en España: una reforma que no funciona, elaborado para el IV Premio UNICAJA de Investigaciones Económicas, y que difundió el portal Cotizalia, el pasado lunes 20 de julio.

Los profesores reconocen que “extender el número de años usados para computar la pensión de jubilación (actualmente, 15) es una propuesta ampliamente aceptada, no sólo para dotar al sistema de una mayor equidad intrageneracional, sino también para mejorar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, y a menos que se modifique la prestación mínima garantizada por este sistema, estas reformas no sólo no mejoran lo sostenibilidad futura del sistema, sino que la agravan, debido a que el Fondo de Reserva se agota antes”, advierten los académicos.

 

Los expertos señalan que, en el caso de que se amplíe el periodo de cálculo a los 30 años o, incluso, a toda la vida laboral, el sistema de pensiones entrará en déficit mucho antes de lo previsto. Concretamente, señalan que, bajo las normas actuales, el sistema de pensiones incurre en déficits presupuestarios a partir de 2015 y el Fondo de Reserva es capaz de financiar dichos déficits hasta el año 2026. Sin embargo, si se amplia el periodo de cálculo a 30 años, el primer déficit aparece en 2012 y el Fondo de Reserva se agota en el año 2026.

 

Según estos, la reforma no modificaría la cuantía de las pensiones previamente existentes, si no que se aplicarían a aquellas pensiones de jubilación generadas a partir de 2010. En tal caso, “pensiones de jubilación más bajas implican que un mayor número de trabajadores, especialmente los de menor cualificación, pasarían a recibir la pensión mínima de jubilación cuando decidan jubilarse”.

 

Por lo tanto, a corto plazo, aumentaría el gasto de la Seguridad Social, debido a que muchos trabajadores no habrían cotizado lo suficiente para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones que fija anualmente el Gobierno en la Ley de Presupuestos, por lo que tendrían derecho a cobrar un complemento de mínimos a cargo de la Seguridad Social para llegar a ese nivel garantizado.

 

Para Díaz-Jiménez y Díaz Saavedra, la pensión mínima de jubilación garantizada por el Estado “incentiva a decidirse por la jubilación anticipada”, y, tras la reforma, un mayor número de trabajadores se jubilaría anticipadamente en comparación con la situación actual. Así, la tasa de participación de los trabajadores de entre 60 y 64 años caería, lo cual produciría un descenso en la edad media de jubilación y un incremento en el ratio de dependencia, y, en definitiva, más gasto en pensiones.

 

En el largo plazo, si no se aplica ninguna reforma, el actual sistema de pensiones tendría un déficit del 6,8% del PIB en 2050, y la deuda generada por la secuencia continuada de déficits sería del 115% del PIB, en ese año. Mientras, si la pensión se calculara en función de las rentas salariales de los últimos 30 años anteriores a la jubilación, el déficit sería del 5,5% del PIB y la deuda alcanzaría el 97% del PIB. Tampoco cambiaría mucho el escenario si se tuviera en cuenta toda la vida laboral, ya que el déficit así sería del 4,8% y la deuda equivalente al 88% del PIB. “Ambas reformas reducen los gastos del sistema de pensiones, pero son incapaces de restablecer el equilibrio presupuestario”, sentencian en  el estudio.

 

El estudio considera que esta reducción de las pensiones “es una mala idea si queremos simultáneamente aumentar las tasas de empleo de los trabajadores de más edad, cuando el sistema de pensiones proporciona algún tipo de cantidad mínima garantizada, independientemente de la edad de jubilación”. Asimismo, la propuesta que formulan es la de aplicar penalizaciones por jubilación anticipada a la pensión mínima de jubilación.

 

Esto supondría una forma de paliar el incremento inicial de los gastos en pensiones después de las reformas. “Además de implementar las reformas que hemos señalado, suponemos también que la pensión mínima de jubilación se reduce en 8 puntos porcentuales por cada año anterior a la edad de 65 en que decida jubilarse un trabajador que tiene derecho a esta prestación”.

 

Esto implicaría tres cosas: “que la pensión mínima de jubilación tiene las mismas penalizaciones que una pensión que sea superior a este mínimo garantizado por el sistema, que la única forma de recibir la totalidad de esta cuantía mínima es retrasar la decisión de jubilación hasta la edad de 65 y que existen entonces cinco diferentes y crecientes pensiones  mínimas de jubilación hasta la edad 65 (una a la edad de 60, otra a los 61, y así hasta la edad 65)”.

 

Aplicando este requisito, ambas reformas (cálculo según los últimos 30 años y según el conjunto de la vida laboral), “mejoran significativamente la sostenibilidad futura del sistema de pensiones en España”. En tal caso, el primer déficit del sistema de pensiones aparecerá en 2026 y el Fondo de Reserva será capaz de financiar los déficits hasta el año 2041.

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