CEN INFORMA
02.04.2009

El Gobierno aprueba una profunda reforma del sector servicios y de la ley concursal

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 27 de marzo la transposición de la Directiva Europea de Servicios con la que pretende dinamizar el sector y promover la creación de empleo en España. El Gobierno espera un incremento del PIB del 1,2 por ciento y la creación de más de 150.000 puestos de trabajo gracias a esta medida.

La esencia del Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, es la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios a través de sustituir la supervisión ex ante, por la supervisión ex post. Esto significa que, por regla general, un prestador de servicios podrá operar sin más limitaciones que las que se le imponen a cualquier otra actividad económica.

 

Este Proyecto de Ley introduce los principios generales de la Directiva de Servicios en nuestro ordenamiento jurídico y aporta un marco de referencia para toda la regulación presente y futura en el sector servicios.

 

Limitaciones

 

Sólo podrán exigirse requisitos a la libre prestación de servicios cuando estén debidamente justificados por razones de:

 

a) salud pública
b) protección del medio ambiente
c) orden público
d) seguridad pública

 

Estos motivos deben de ser proporcionados y no discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social. Por ello, los ciudadanos que así lo crean oportuno podrán exigir la supresión de requisitos no justificados, desproporcionados o discriminatorios.

 

Además, por primera vez se van a establecer obligaciones legales para que todas las Administraciones evalúen sus autorizaciones, trámites y cualquier requisito que exija para el desarrollo de una actividad con criterios objetivos, transparentes y contrastables. Se crea un instrumento legal para que todas las administraciones se pongan de acuerdo entre ellas y eviten solicitar trámites por duplicado y presenciales.

 

Ventanilla única

 

Con el objetivo de simplificar los trámites administrativos, se creará una ventanilla única donde se podrán realizar de manera ágil todas las tramitaciones a todos los niveles, (europeos, nacionales, autonómicos y locales), es decir, se podrán gestionar cuestiones necesarias para para poder desarrollar la actividad de servicios en cualquier país europeo.

 

También se reforzarán los derechos y garantías de los consumidores, ya que se impondrán mayores obligaciones de información sobre el prestador y sus servicios. Además, se establece la obligatoriedad de dar respuesta a las reclamaciones en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que hayan sido formuladas.

 

Adaptación a la Directiva Europea

 

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también recibió el viernes pasado un informe sobre el Anteproyecto de la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva de Servicios.

 

Estas nuevas normas supondrán un cambio en la cultura regulatoria de nuestro país; entre otras consecuencias, las reformas van a permitir:

 

- abrir el sector servicios español al mercado único europeo
- avanzar en la tercialización de nuestra economía con un entorno más favorable
- Ganar en eficiencia, productividad y empleo
- Incrementar la variedad y la calidad de los servicios disponibles para los ciudadanos y las empresas
- Impulasar la creación de empresas y la internacionalización de las pymes

 

Como resultado de todo el proceso a nivel estatal, autonómico y local, el Gobierno prevé la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos, así como un incremento del PIB alrededor del 1,2 por ciento.

 

Profunda reforma legislativa

 

Para poder llevar a cabo estos cambios, resulta imprescindible la modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

 

De hecho, como comentábamos al incio del texto, el Anteproyecto de Ley que recibió el Consejo de Ministros el viernes contiene la modificación de 46 leyes estatales en las siguientes áreas:

 

- Tres en administración pública
- Una en consumo
- Tres en servicios profesionales
- Cuatro en empleo
- Seis modificaciones en servicios industriales y construcción
- Tres en energía
- Siete en transporte y comunicaciones
- 13 en medioambiente y agricultura
- Tres en sanidad
- Una en propiedad intelectual
- Y dos en otros

 

Entre las reformas más destacadas figura la eliminación de la autorización para el arrendamiento de vehículos sin conductor que sólo estará sujeta a obligaciones de carácter fiscal, social, laboral o de seguridad ciudadana o vial. Por ello, los requisitos específicos exigidos por la normativa de transporte, como las exigencias de un local dedicado en exclusiva a esta actividad y de un número mínimo de vehículos, entre otros, quedan suprimidos.

 

También se elimina la autorización previa para centros de formación teórica de conductores. Esto implica que surge un nuevo tipo de autoescuelas dedicadas exclusivamente a la formación teórica que sólo requiere comunicación de inicio de la actividad. Este cambio va a beneficiar a las más de 1.420 autoescuelas que actualmente están registradas, dado que les da la posibilidad de modificar su negocio orientándolo hacia los servicios que más se ajusten a las necesidades del mercado.

 

En el sector energético se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de la actividad a la autoridad competente, se suprimen determinados registros de operadores que son sustituidos por listados publicados en Internet y se eliminan requisitos discriminatorios que se imponen a diversos operadores en el sector energético.

 

Estas medidas son de importancia en la coyuntura actual, pues la simplificación administrativa y el libre acceso a la prestación de algunos servicios incentiva la realización de proyectos de inversión por parte de las empresas.

 

Se eliminan restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales , permitiendo que el consumidor esté mejor informado e incrementando su capacidad de elección. Así, desaparecen las restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones. Esto permitirá aprovechar las sinergias que pueden generar las sociedades multiprofesionales.

 

Además, se garantiza la libertad de ejercicio de las profesiones en forma societaria, lo que permitirá a los profesionales asociarse con mayor facilidad y aclarará la situación de las grandes empresas de servicios profesionales.
El ejercicio de los profesionales también se verá favorecido por la supresión de trámites habituales como la obligación de comunicar el ejercicio fuera del territorio del Colegio de inscripción.

 

Se suprime la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios, que vienen restringiendo de forma injustificada y habitual la competencia en precios que tanto beneficia al consumidor.

 

Navarra deberá modificar la Ley del Comercio antes de 2010

 

El Ejecutivo foral, que tiene plenas competencias en comercio, espera ahora que el Gobierno central trasponga la directiva para sacar su reforma más adelante. El Gobierno de Navarra deberá modificar la Ley del Comercio antes de la entrada en vigor en 2010 de directiva europea Bolkestein que liberaliza el sector.

 

Hasta el momento un establecimeinto que supere los 2.500 metros cuadrados y que desee establecerse en la Comarca de Pamplona o en municipios de más de 12.000 habitantes, deberá contar con la licencia comercial específica.

 

Conseguir este permiso requiere completar un complejo proceso administrativo, incompatible con la directiva europea. Por ello, se espera que el Ejecutivo navarro saque adelante una reforma de la Ley Foral 17/2001 del 12 de julio en los próximos meses como ya está haciendo el Gobierno en el ámbito estatal.

 

La reforma de la Ley Concursal favorece la superviviencia de la empresa

 

La reforma de la Ley Concursal, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto Ley, favorecerá que las empresas en dificultades económicas puedan disociar la vida económica de la concursal para alcanzar una acuerdo de refinanciación, ya sea por medio de liquidación o convenio anticipado, y salvar el negocio, según explicaron la semana pasada los abogados expertos de la firma Uría Menéndez en un encuentro con la prensa.

 

Según, el abogado Alberto Núñez-Lagos la antigua ley Concursal provocaba que la empresa "se viera abocada a la liquidación porque su actividad quedaba paralizada al entrar en concurso".

 

Por su parte, la también abogada Ariadna Cambronero, considera que “se pretende evitar que la empresa esté en concurso más de un mes y liberar al negocio de la carga de estar en concurso.

 

Los empresarios podrán presentar el plan de liquidación anticipada después de la emisión del informe concursal y no tras la finalización de la fase común, lo que permitiría, entre otras soluciones, vender la compañía a un tercero, obtener dinero para pagar a los acreedores y mantener a los trabajadores y proveedores.

 

Dos meses para renegociar la deuda

 

Otra de las reformas que podría evitar que el 90 por ciento de las empresas en concurso acaben en liquidación irreversible, como sucede en la actualidad, es la posibilidad que se da al deudor para presentar ante el juez una propuesta convenio anticipado, con plan de renegociación de la deuda, dos meses antes de solicitar la declaración de concurso.

 

La reforma ha eliminado la mayoría de las prohibiciones que impedían al deudor acogerse al convenio. Asimismo, la nueva regulación del convenio anticipado permitirá al juez elevar los límites de quita -no pueden exceder del 50 por ciento de cada crédito ordinario- y espera - máximo de cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial- cuando la actividad de la empresa "pueda tener especial trascendencia para la economía", según reza el artículo 100.

 

Ante la actual coyuntura económica, este cambio "abre la puerta a que el juez tenga un mayor margen y libertad" para aprobar el convenio, cuyo contenido dependerá de los sectores. "En el sector inmobiliario se darán quitas mínimas y esperas más largas, mientras que en otros sectores será al revés", previó Núñez-Lagos.

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