CEN INFORMA
10.03.2009

La Confederación Europea de Pymes pide un cambio en la directiva sobre retraso de pagos

El 79% de las pymes españolas experimentaron un retraso de pagos de sus clientes en el último trimestre de 2008
La Confederación Europea de Pymes, en la que Cepyme ocupa una vicepresidencia, solicitó un cambio en la directiva sobre el retraso de pagos, el pasado 16 de febrero, con el fin de que se establezca el principio de automaticidad cuando el retraso provenga de las administraciones públicas. De esta forma, la patronal europea de las pymes apostó también por que la reforma de esta directiva permita también el devengo de intereses automático cuando se trate de deudas entre empresas.

Esta petición se formula en unos momentos de dificultad de las empresas en lo que respecta a cobros y plazos. Tal y como revela una encuesta de las Cámaras de Comercio, el 79% de las pymes españolas ha experimentado un retraso en pagos de sus clientes en el último trimestre de 2008. En este informe sobre el acceso a la financiación ajena, se revelaba que el principal destino para esta financiación solicitada por las pymes era paliar los efectos del incremento de la morosidad interempresarial.

 

A este respecto, a finales del año pasado, se conocía el “Índice de Riesgo 2008”, elaborado por Intrum Justicia, que señalaba que las empresas españolas tardan 94 días, un 15% más que un año atrás, en afrontar sus pagos. Asimismo, este índice preveía que, a causa de este fenómeno, las empresas europeas tendrían 250.000 millones de costes adicionales cada año, por lo que se reclamaba “urgentemente” un plan para agilizar los retrasos en los pagos. Según este indicador, de todos los clientes posibles, la Administración Pública es de los peores pagadores.

 

Por ello, el pasado mes, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció que se estaba estudiando “aliviar” el problema que supone que algunas administraciones públicas no paguen en un plazo “razonable” a las empresas. Ocaña destacó que los ayuntamientos siempre han pagado con un retraso superior a 60 días, “que es el límite de la administración central y que sí lo cumple”, aunque admitió que “puede que esos plazos se hayan deteriorado más” por la coyuntura económica. Además, indicó que los 8.000 millones destinados a los ayuntamientos en el Fondo Estatal de Inversión Local evitará este problema.

 

Por su parte, en una reunión que mantuvo a principios de año el Gobierno con la CEOE, la patronal manifestó su preocupación por el hecho de que, como las arcas públicas cada vez disponen de menos margen para cumplir con sus obligaciones de gasto, la situación aboque al cierre de más empresas. Debido al reclamo de CEOE, Convergencia i Unió propuso una reforma para reducir la morosidad y los plazos de pago a 30 días. Esto conlleva un cambio en la ley de Morosidad y parte de la premisa de que el 25% de las quiebras empresariales se deben a los retrasos e incumplimientos de los plazos contractuales de pago por parte de los clientes.

 

El importe de los efectos de comercio impagados el año pasado fue casi el doble que en 2007, con un retraso medio de los pagos entre empresas de 94 días, cifra que en el caso de las administraciones públicas se elevó a 144 días. En el ámbito comunitario, la media de plazo de pago real europea es 59 días.

 

Directiva 2000/35 de medidas de lucha contra la morosidad

 

La Directiva 2000/35, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales regula esta materia en las operaciones comerciales, aunque no se aplica a las operaciones con consumidores. Asimismo, sus disposiciones son por defecto. Es decir, sólo se aplican  en el caso de que las partes contratantes no hayan acordado otra cosa en el contrato, por lo que sigue aplicándose el principio de libertad contractual.
 

En la Directiva, no se armonizan los plazos de pago (son competencia del legislador nacional), sino que se crea un mecanismo que sólo afecta al período de morosidad, que empieza cuando debe hacerse efectivo el pago. En la mencionada norma, se fija un periodo de referencia de 30 días, que se inicia en la fecha de recepción de la factura o en la fecha de recepción de las mercancías. Aunque el plazo de pago puede ampliarse por acuerdo entre las partes contratantes, no se aplicará ningún acuerdo sobre plazos de pago que sea manifiestamente abusivo para el acreedor.

 

Automáticamente, en caso de retraso en el pago se inicia el pago de los intereses de penalización. Se decidió fijar un tipo único de interés para la zona del euro, basándose en un tipo del 7% al que se añade el tipo aplicado en cada momento por el Banco Central Europeo. Se aplicará durante los siguientes seis meses el tipo de referencia vigente el primer día natural del semestre que se trate.

 

Asimismo, la directiva permite que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio, siempre que así se haya convenido expresamente antes de la entrega. También, marca que debe establecerse un procedimiento de cobro en un plazo de 90 días a partir de la demanda o solicitud ante el Tribunal o autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento.

 

También se señala que los costes de cobro cubiertos por la directiva son los generados por operaciones bancarias, siempre que no estén cubiertos por los intereses de demora, los costes administrativos, costes procesales, costes de terceras partes, etc. Costes que deben incluirse en el pago, a no ser que el deudor no sea responsable del retraso.

 

La Comisión Europea reconoció que la ley española destinada a luchar contra la morosidad (Ley 3/2004) en las operaciones comerciales no se ajusta al espíritu de la Directiva.

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