CEN INFORMA
06.03.2015
CEOE y CEPYME reclaman que se tenga en cuenta a las empresas y los trabajadores en la formación

Se aplaza la publicación del decreto de reforma de la formación profesional, tras una prórroga "in extremis"   

El presidente de CEOE, Juan Rosell, y el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, exigieron esta semana al Gobierno que no excluya a empresas y trabajadores del nuevo sistema de formación que está dispuesto a aprobar en solitario, ya que son ellos los que la financian y, sobre todo, son quienes saben cuáles son las necesidades en ese ámbito, según explicaron, el pasado miércoles, en rueda de prensa posterior a la Junta Directiva extraordinaria, celebrada en la sede de la Confederación.
Los empresarios recordaron que, junto con los trabajadores, financian estos fondos a través del 0,6% y 0,1%, respectivamente, de las cotizaciones sociales, y señalaron que la partida sobrepasa los  1.800 millones de euros. Como se recordará, la cuota por formación profesional nació de un acuerdo (1er. Acuerdo para la Formación) alcanzado en 1992 entre CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, quienes comprometieron voluntariamente  la aportación de esta cuota de forma permanente por empresas y trabajadores. Ante las dificultades que representaba el sistema de recaudación de la cuota así acordada entre patronal y sindicatos, solicitaron al gobierno que su recaudación se hiciera de forma conjunta con las cuotas de Seguridad Social por la mayor facilidad que ello representaba. Sin embargo, contra la creencia generalizada, la cuota para formación profesional no forma parte de las cuotas a la seguridad Social, pese a ser recaudada conjuntamente con estas,  como así lo declaran expresamente numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente varias emitidas entre los años 2013 y 2014.

Además, Juan Rosell señaló que los empresarios dan la bienvenida a la posibilidad de concurrencia en el nuevo sistema, pero que esta hay que saber evaluarla y “son los empresarios los que sabemos de ello”. “Cuanto más dejemos la Formación en las empresas y sus representantes, mejor será para la Formación”. Igualmente, subrayó que es necesaria la auditoría y el control, pero sin olvidarse de las necesidades de formación que se tienen en las empresas, y una evolución cualitativa y cuantitativa de la formación realizada.

Manifestó también que estamos en un momento crítico y que hay que potenciar la competitividad de las empresas. “Se está discutiendo en tiempo de prórroga con el Gobierno y con los sindicatos, al que hemos aportado consideraciones técnicas, y queremos que se respete, se valore y se tenga en cuenta nuestra información.” Rosell espera que se pueda conseguir un resultado que convenza a todos.

Por su parte, Antonio Garamendi indicó que la formación en las pymes debe contribuir a la mejora de la productividad, de la empleabilidad y de la competitividad; tres puntos que no están claros en la propuesta del Gobierno. Ambos presidentes desmintieron rotundamente las informaciones aparecidas en los medios acerca de que CEOE estuviera vinculando la negociación de Formación a un acuerdo con los sindicatos en materia salarial.

En definitiva, la exclusión de las patronales y sindicatos de la gestión e impartición de la formación convierte a la cuota cuyo pago tiene características de voluntariedad, ya que procede de un Acuerdo entre los agentes (recordamos que asciende a más de 1800 millones de euros cada año) en un impuesto más a las empresas y trabajadores, ya que se verán obligados a pagarla sin intervenir en su gestión para nada.

La vía del Real Decreto y la exclusión de los agentes sociales

“Si son las empresas las que financian la formación, son ellas las que deben dedicar ese dinero a sus propios trabajadores”. Así, el diario Expansión se hacía eco el martes de la postura de CEOE frente al anuncio del Ejecutivo de aprobar el Real Decreto de Formación Profesional, en el que, según adelanta, se ha decidido “apartar” a patronal y sindicatos de la gestión y de los fondos destinados a este fin. Es decir, una exclusión en la gestión de fondos e impartición de la formación como los agentes sociales han hecho hasta la fecha, que se dejaría en manos de las entidades que imparten formación profesional.

Por su parte, Europa Press añadía que “los borradores que han trascendido hasta la fecha reflejan que el Ministerio de Empleo cuenta con tomar la vía del decreto si no hay acuerdo entre las partes”. Este medio también recogía las declaraciones del vicepresidente de CEOE, Joaquín Gay de Montellá, que precisaba, además, que la patronal “no le puede dar el 100% de su apoyo a la reforma del Gobierno porque no resuelve temas como la formación para pymes de menos de diez trabajadores, y no es suficientemente específica por colectivos de empleados y desocupados”. Por su parte, según esta fuente, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, mostró su voluntad de apurar al máximo las negociaciones.

La “línea roja” de la formación

Mientras, la semana pasada, el diario El Economista llegó a titular que “CEOE romperá con el Gobierno si se aprueba la reforma de la formación”. De hecho, “es la línea roja que rompe nuestra relación con el Gobierno”. Así se recogían las declaraciones de “un alto responsable de la patronal CEOE” en referencia al proyecto de Real Decreto de Reforma de la Formación, en las que añade: “si se aprueba tal y como está, a partir de ese momento, que no cuenten con nosotros para nada”.

Según este representante, “si nosotros pagamos la formación a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y somos también quienes mejor conocemos las necesidades y prioridades formativas de las empresas y los trabajadores, es inadmisible que ahora se ponga al frente de la formación al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) donde ni se conoce ni se ha preocupado nunca”. También siempre según las declaraciones publicadas en El Economista, los empresarios señalan: “nosotros solo recibimos el 10% de los fondos para formación y el 90% restante lo gestiona el Gobierno, por lo que son las Administraciones las que tenían que haber controlado el destino de esos fondos”.

Un pacto “in extremis”

Es decir, “el ambiente inicial era de motín”, según señalaba ayer el corresponsal económico de este diario, José María Triper, que incluso informa de que “dirigentes de la patronal no ocultan que la intención de Rosell al convocar el martes la rueda de prensa posterior a la reunión era anunciar la ruptura de CEOE con el Gobierno. Pero parece que fue un movimiento in extremis de la ministra Báñez, convocando a una nueva reunión a los agentes sociales, la que evitó que el empresariado se apuntara a la revolución y aceptara jugar una prórroga”. Sin embargo, según Triper, los empresarios acuden “escépticos” a la prórroga, y es que “la reunión ofrecida es solo a nivel de técnicos, y tanto Báñez como Rosell han manifestado su intención de no acudir. Es solo eso, una mera prórroga en el campo y con árbitro del Ministerio y en la que hasta los más beligerantes ayer aceptaban convencidos que ‘la sangre no llegará al río y tragaremos’.

Mientras, el diario El Periódico afirmaba que “el malestar en el seno de la organización empresarial es conocido desde hace semanas por el Gobierno”. La ministra Fátima Báñez “no va a cambiar su planteamiento”, según las fuentes “de su entorno” publicadas por este medio, que añade: “los expertos de su departamento seguirán manteniendo contactos con los de la CEOE para limar los aspectos más polémicos, en unas reuniones de carácter técnico que tendrán lugar la próxima semana”.

Del profundo malestar en el seno de la patronal son buena muestra las reuniones celebradas a lo largo de esta semana por la Junta Directiva de la Organización y por los miembros de su Comisión de Diálogo social, en la que se encuadra la formación profesional para el empleo. En ambas reuniones, celebradas en un ambiente fuertemente caldeado, se criticó la postura del gobierno. De salir ésta adelante en los actuales términos, España pasará a ser de los pocos países de la UE en el que los agentes no intervienen en el sistema de formación, definiéndolo, controlándolo y trasladando a él las necesidades de los distintos sectores. También se puso en entredicho la fórmula prevista (RDL), por estimar que en ningún caso se dan las razones de urgencia de esta modalidad legislativa. Tampoco el texto enviado a la patronal recoge los principios asentados por abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En resumen, el texto es calificado como absolutamente intervencionista, estatalizando el último reducto de la formación profesional, vulnerando la autonomía colectiva, ya que supone una intromisión del Estado en una materia que procede del Diálogo Social.
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