CEN INFORMA
13.06.2014
CEN y el Colegio de Graduados Sociales analizan las implicaciones laborales en las uniones de hecho  
La jornada contó con la intervención del magistrado del juzgado de lo Social n°2 de Pamplona, Luis Gabriel Martínez Rocamora   
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra concluyeron, el pasado martes, 3 de junio, su ciclo de "jornadas de estudio laboral", con una sesión dedicada a las implicaciones laborales, en el campo de las parejas de hecho, que contó con una charla a cargo del magistrado del juzgado de lo Social n° 2 de Pamplona, Luis Gabriel Martínez Rocamora (para ver el material audiovisual de este artículo, pulse aquí).
El magistrado comenzó su intervención advirtiendo de que “no existe un concepto laboral de pareja de hecho”, sino que, en todo caso, alguna breve referencia al concepto de unión de hecho para que estos colectivos puedan acceder a una prestación. Es decir, “la contemplación de las parejas de hecho en la normativa laboral es escasa, y sin intención de abordar el fenómeno”, aseguró Rocamora.

Así, el experto puso el ejemplo de cómo, hasta la Ley 40/2007, la pensión de viudedad estaba reservada al cónyuge o a los ex cónyuges, por lo cual el requisito de que existiera matrimonio era imprescindible, si bien el legislador “decidió atender un clamor social, sobre todo en lo relativo a prestaciones de muerte y supervivencia”, aunque, tal y como añadió Rocamora: “sin demasiado interés, con prisa, y sin ir poco más allá”. De hecho, también reconoció que, en este terreno, genera más problemática lo relativo a permisos y excedencias que a prestaciones de muerte y supervivencia.

Las uniones de hecho, un fenómeno “ajeno” a la norma jurídica

De todas formas, “es normal que no haya una institución jurídica peculiar acerca de la pareja de hecho, ya que, en la esencia del fenómeno, está, precisamente, el de permanecer ajeno a la norma jurídica”. Es decir, tal y como explicó Rocamora, “se es pareja de hecho por oposición a un derecho”, el cual siempre implica una delimitación. “La unión de hecho viene a ser una reacción al contrato matrimonial, regulado, comprometedor y vinculante”. Por este motivo, “el legislador que quiera abarcar ese fenómeno de espontaneidad, voluntariamente ajurídico, y dotarlo de regulación, corre el riesgo de traicionar la propia naturaleza de la pareja de hecho y terminar convirtiéndolo en otro matrimonio”, en perjuicio de la libertad de los propios individuos, tal y como advirtió el magistrado.

Precisamente, en esto hizo hincapié el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la Ley Foral Navarra 6/2000, para la igualdad jurídica de parejas estables, ya que equiparaba las uniones de hecho con una especie de “matrimonio descafeinado” y suponía una “colonización reguladora sobre la libertad de pacto de los integrantes de la pareja”. De hecho, tal y como explicó Rocamora, este “antiformalismo” resultaba muy perjudicial para la entidad gestora de la Seguridad Social, ya que una persona que percibiera una pensión de viudedad podía constituirse en pareja de hecho, para la que no era necesario inscribirse, y la Seguridad Social podía ser ajena así a esa situación, de cara a suspenderle la correspondiente prestación.

El requisito del matrimonio, frente a una nueva realidad social

Sin embargo, “el derecho no es sólo un conjunto de normas obligacionales, sino también un elemento de protección”, y, así, “fueron las propias parejas de hecho las que tocaron la puerta del legislador social”. Desde principios de la década de 2000, en el ámbito político, siempre figuró la promesa de que se iba a reformar esta cuestión, dando acceso por pensión de viudedad a las uniones de hecho. Incluso los agentes sociales, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, en 2004, también reconocieron la prestación a parejas que acreditaran un periodo mínimo de convivencia.

Fue ese año cuando el PSOE ganó las elecciones, si bien no introdujo este concepto hasta su ley de presupuestos de 2006, en la que, “a modo de promesa, se estableció que el Gobierno presentaría un proyecto de Ley, que dentro de la reforma de la pensión de viudedad posibilitara el acceso a la prestación a las personas que conformaran un núcleo familiar de dependencia económica”. Ya acabando 2007, es cuando se publicó la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, que reformó el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social.

Hasta entonces, sólo el matrimonio, y no las “uniones análogas”, generaban derecho a pensión para el superviviente. “La única excepción, pero que era muy residual y de escasa practicidad, era la disposición adicional décima de la ley del divorcio, que permitía el acceso a la pensión a aquellas parejas que no pudieron casarse porque se lo impidiera la normativa anterior”, apuntó Rocamora.

Por lo tanto, “la existencia del matrimonio era un requisito, pero la realidad social era la que era”, y es que “mucha gente prefería una convivencia sin matrimonio”. Así, y de cara a que se les reconociera el derecho a la pensión, se plantearon numerosos recursos de inconstitucionalidad, tanto amparándose en el principio de igualdad o incluso en el de libertad ideológica, pero, a la luz de la normativa de entonces, no se reconoció el derecho.

Aquí, Rocamora resaltó que la pareja de hecho no suponía, no obstante, “una circunstancia por la que el matrimonio fuera de imposible cumplimiento”, como podía ser en el caso de las parejas homosexuales, con las que “la exigencia del matrimonio sí suponía una circunstancia discriminatoria”. Así lo señaló la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de enero de 2004, que declaró contrario al derecho comunitario la exigencia de matrimonio para acceder a una viudedad si la legislación matrimonial no permitía la unión entre una mujer y un transexual. Si bien, tal y como matizó el experto, “la discriminación no estaba tanto en que se exigiera el requisito del matrimonio, sino en la legislación en sí”. En España, el matrimonio homosexual se reguló en la Ley 13/2005, que, aunque “no elimina la discriminación prexistente”, otorga una nueva regulación de la institución matrimonial.

Pareja de hecho: constituida formalmente y acreditable

Así, la nueva redacción del artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social establece que:

A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Es decir, para acceder a la pensión de viudedad, según explicó Rocamora, la pareja de hecho deberá ser “estable, constituida formalmente y poder acreditarlo”. Por lo tanto, “ha de haber una convivencia, a modo de matrimonio”, por un periodo de, como mínimo, cinco años.
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