CEN INFORMA
23.05.2014
"La sentencia del Tribunal Europeo acerca de Google y el derecho al olvido va a traer mucha cola"   

José María Miranda, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela    La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Google y el derecho al olvido, en el caso de Mario Costeja González, es "muy relevante" y "va a traer mucha cola", también en el campo de las relaciones laborales. Así lo advirtió el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela, José María Miranda, en la jornada acerca de la jurisprudencia europea, que organizó la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), el pasado lunes, 19 de mayo (para ver el vídeo de Miranda, pulse aquí).
La sentencia, del pasado 13 de mayo, se refiere al caso de Mario Costeja, que, cuando buscaba su nombre en Google, la búsqueda que aparecía era una relativa a un anuncio publicado años atrás en el diario “La Vanguardia”, anunciando una subasta de bienes suyos en los que figuraba como moroso. Costeja acudió a la Agencia Española de Protección de Datos, que señaló que dicho anuncio no podía borrarse ya que era una publicación oficial. Sin embargo, sí se reclamó a la delegación de Google en España que anulara la información de sus búsquedas.

A este respecto, Google argumentó que, en su empresa, no tratan los datos, sino que los indexan, y que, en todo caso, de eso se encarga la matriz, en Palo Alto (California), y que la delegación en España tan sólo se encarga del marketing. Así, la cuestión acabó siendo remitida por la Audiencia Nacional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un órgano al que Miranda recomendó trasladar consultas, siempre que estén relacionadas con la normativa comunitaria.

Finalmente, en la sentencia, el Tribunal señala que las actividades de la filial de Google en España son “indisociables” de la de su matriz, y que “indexar también es un tratamiento de datos”, ya que no sólo los ordena, sino que obtiene por ello una remuneración. La sentencia también reconoce que, aunque los datos publicados sean reales, “no han de ser inadecuados, no pertinentes, excesivos con relación a los fines de su tratamiento, no actualizados” y que, en todo caso, su conservación debería responder a fines históricos o estadísticos. Con todo ello, se considera que, en este caso, se está vulnerando el “derecho al olvido” del señor Costeja González.

Por lo tanto, “esta sentencia abre una puerta”, tal y como reconoció Miranda, aunque matizó: “la puerta que le pidieron que abriera por un caso concreto”. Sin embargo, el académico cuestionó: “¿ahora una persona podría pedir que se borraran datos de que ha trabajado en una empresa, si quiere presentarse a una entrevista de trabajo de la competencia?”, o también: “¿se podrían solicitar que se borraron unas malas notas de un curso, si se considera que eso le perjudica para optar un puesto de trabajo?”. A este respecto, el ponente reconoció que ahora la propia Agencia de Protección de Datos debería elaborar algún tipo de normativa que profundizara en estas cuestiones.

Casos de igualdad y no discriminación en el Tribunal Europeo

En la jornada, se analizaron más casos analizados por el Tribunal Europeo, por ejemplo, algunos relativos a cuestiones de igualdad y no discriminación, como, por ejemplo, dos sentencias del pasado 18 de marzo (una referente al Reino Unido y otra a Irlanda), que resuelven algunas dudas relativas a los vientres de alquiler. En ambos supuestos, se denegó el permiso de maternidad a trabajadoras que habían tenido el hijo mediante vientre de alquiler, ya que, argumentan, “el objetivo de la directiva 92/85 es el de proteger el embarazo y el periodo posterior”, y éstos no eran los supuestos.

Al explicar esta postura, Miranda arrojó una pista: “me pregunto si la respuesta hubiera sido la misma de haberse solicitado un permiso de lactancia y no el de maternidad”, porque, a este respecto, la legislación europea sí que reconoce que el permiso de lactancia no el estrictamente biológico, sino que está enfocado a la atención y cuidados del niño recién nacido.

Otra sentencia es la del 19 de septiembre, de Marc Betriu Montull frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que un trabajador pedía disfrutar del permiso de maternidad, siendo su mujer procuradora y estando, por tanto, en un régimen distinto al de la Seguridad Social, no por cuenta ajena. A este respecto, el Tribunal falló que no le correspondería el derecho, ya que la directiva 92/85 “no es de protección de la mujer embarazada, sino de la trabajadora embarazada”. Una directiva que, por cierto, “lleva seis años negociándose su reforma”, tal y como explicó Miranda.

Sin embargo, sí que se falló a favor de Loredana Napoli (sentencia del 6 de marzo), una trabajadora que no pudo asistir, a causa de su embarazo, a todas las sesiones de un curso de formación que debía realizar tras la aprobación de un concurso-oposición de subcomisario de la policía penitenciaria en Italia. Una vez considerada la discriminación al apartarla del curso, Miranda consideró que “la formación online podría ser una herramienta apropiada para afrontar esta situación”.

Empleo en situaciones transfronterizas

Otro aspecto que ha dado origen a varias sentencias comunitarias es el de las “situaciones transfronterizas” y la libre circulación de trabajadores, un plano que puede tener lugar en Navarra, ya que hace frontera con Francia. Por ejemplo, la sentencia de 12 de septiembre, de Melitta Josefa Boedeker contra la firma de droguerías Anton Schlecker, en la que una trabajadora alemana fue enviada de gerente a los Países Bajos y, después de diez años, se suprimió su cargo y se le concedió un puesto distinto en Alemania (modificación sustancial de las condiciones de trabajo). La trabajadora reclamaba una indemnización según el derecho holandés, en cambio, el tribunal falló que le correspondía una indemnización según la ley alemana, ya que los términos del contrato, y su propia cotización, se regían por ésta.

Miranda también explicó otra sentencia, la del 13 de marzo de 2014, relativa a las condiciones de empleo del profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra, Antonio Márquez Samohano, que encadenaba varios contratos temporales. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “la figura del profesor asociado es conforme con el Derecho de la Unión Europea, siempre que no cubra necesidades permanentes”. Una situación que, sin embargo, tal y como reconoció Miranda, es la más común en este tipo de docentes

En la jornada, también se analizó la nueva web oficial de publicaciones oficiales de la Unión Europea, y se dieron las claves para realizar búsquedas de jurisprudencia: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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