CEN INFORMA
10.01.2014
Los empresarios, en desacuerdo con el aumento de las cotizaciones sobre retribuciones en especie
La nueva normativa también carga sobre las aportaciones de las empresas a planes de pensiones

Hasta el 31 de marzo, las empresas podrán ingresar sin recargo las cuotas derivadas de estos conceptos
“España es uno de los países con más cargas sociales, por encima de otros como Alemania o Reino Unido. En consecuencia, no es posible su aumento, dado el impacto que tendrá en la competitividad de nuestras empresas”. Así lo manifestó, ayer jueves 9 de enero, CEOE que mostró su desacuerdo con los nuevos conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social (para descargarse la nota informativa de la Seguridad Social acerca de las nuevas cotizaciones, pulse aquí).
Concretamente, la disposición final tercera del Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre (para descargarse el Real Decreto, pulse aquí), introdujo nuevos elementos susceptibles de cotizar a la Seguridad Social y elevó las cargas sobre otros. Mientras, la Tesorería General de la Seguridad Social ha marcado de plazo hasta el 31 de marzo para ingresar sin recargo las cuotas derivadas de estos conceptos.

Por ejemplo, la nueva normativa ha pasado a incluir las aportaciones que algunas empresas hacen a planes de pensiones en nombre de sus trabajadores. Así como, hasta el Real Decreto 16/2013, las mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social distintas a la Incapacidad Temporal (que incluyen las contribuciones por planes de pensiones y sistemas alternativas) estaban exentas de computar en la base de cotización, ahora estas aportaciones tendrán un recargo adicional del 23,60% para la empresa, así como del 4,70% para el trabajador. Por otra parte, los pluses de transporte y de distancia, así como hasta ahora sólo computaba aquella cantidad que excediera sobre el 20% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), pasará ahora a cotizar por su importe íntegro.

Asimismo, pasarán a cotizar por su importe íntegro la entrega gratuita o a precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la empresa o empresas del grupo (hasta ahora, sólo cotizaba por la cantidad que excediera de 12.000 euros anuales), así como las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa (ahora la cotización era por la cantidad que excediera de nueve euros al día). También pasan a cotizar las asignaciones en forma de primas de contrato de seguro por accidente de trabajo o la prestación del servicio de guarderías.

Con todo ello, CEOE estima que, en el Real Decreto, “se recoge un aumento desproporcionado de las cargas que recaen sobre las retribuciones en especie, conllevando un castigo con fines recaudatorios, con el que estamos en desacuerdo”. Del mismo modo, la patronal también denuncia que “llevamos dos años con un incremento del 5% de las bases máximas de cotización que suponen un impacto de 750 millones de euros”.

A pesar de ello, CEOE asegura que “seguimos apoyando, como hicimos en su momento, los compromisos del Gobierno de reducir las cargas sociales, aspecto éste en el que también ha insistido reiteradamente la Unión Europea concretamente, en las recomendaciones específicas a España en 2012 y en las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2013, señalando la importancia de reducir la presión fiscal sobre el trabajo como medio de contribuir a un aumento de la empleabilidad y competitividad”.

    
El afán recaudatorio del Gobierno puede perjudicar la recuperación de la actividad de las pymes y de los autónomos (Comunicado de CEPYME, 9 de enero)

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) considera que las subidas de las cotizaciones empresariales aprobadas por el Gobierno durante las últimas semanas no solamente no contribuyen a la generación de la contratación ni mejoran la empleabilidad de los trabajadores, sino que, por el contrario, puede perjudicar la recuperación de la actividad empresarial de las pymes y de los autónomos. 

CEPYME considera que estos incrementos de las cotizaciones responden a la necesidad de aumentar los ingresos públicos, ya que si bien no se suben los tipos de cotización, sí lo hacen las bases mínimas y máximas para la inmensa mayoría de las empresas, con especial incidencia en las pymes y los autónomos. 

En concreto, los incrementos aprobados por el Gobierno son los siguientes: 

1.- Sube un 2% la base mínima de cotización para los autónomos. Es decir, se pasa de los 858,60 euros de base mínima a los 875,70 euros. Esto significa que la cuota mínima mensual de 256,72 euros sube a 261,83 euros. 

2.- Sube un 5% la base máxima de cotización, también para los autónomos, por lo que se eleva de 3.425,70 euros a los 3.597,00 euros. 

3.- En cuanto a los autónomos societarios (que necesariamente deben de cotizar como tales por poseer un porcentaje significativo del capital de la empresa) y para los autónomos con más de 10 trabajadores, la base mínima de cotización se eleva hasta los 1.051,50 euros, por lo que la cotización mínima mensual sube desde los 256,72 euros a 313,34 euros; es decir, un dramático incremento del 22%. 

4.- También, y en general, tanto empresas como autónomos y trabajadores cotizarán desde este mes de enero por conceptos hasta ahora excluidos, como son el plus de transporte, los cheques comida o determinados gastos de manutención, entre otros. Esta medida, que modifica el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, tiene también un claro objetivo recaudatorio, con el objeto de lograr la sostenibilidad del sistema.

A estos cuatro puntos se suman, además, otras dos medidas adoptadas por el Gobierno en diciembre pasado, que también empeoran el marco legal para las pymes. 

Se trata, por un lado, de la supresión de la cobertura del FOGASA en caso de extinciones de contratos por causas objetivas, en empresas de menos de 25 trabajadores. Esta medida, denunciada en su momento por CEPYME, elimina uno de los criterios de solidaridad impulsados por los agentes económicos y sociales, cuyo principal objetivo era colaborar con las pequeñas empresas para que pudieran adaptar sus plantillas en momentos de dificultad y siempre por causas objetivas. 

Y finalmente, la injustificada desaparición de los aplazamientos en los pagos de las retenciones del IRPF de trabajadores y profesionales (Modelo 111), tan importantes en muchos momentos del ejercicio para las pymes, debido a las frecuentes tensiones de tesorería que provoca la alta morosidad, fundamentalmente del sector público. Un nuevo perjuicio que, por el momento y muy lamentablemente, oscurece el posible impacto positivo del IVA de caja.
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