CEN INFORMA
19.07.2007
Expertos descartan un sistema único de pensiones para impulsar la libre circulación de trabajadores
Tan sólo el 0,1% de la población de la UE-15 en edad laboral ha cambiado su país de residencia cada año desde 2000 Un informe del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, y el profesor titular de Economía en la misma universidad, Jesús Ferreiro, descarta la posibilidad de sustituir los diferentes sistemas nacionales de pensiones por uno nuevo, e idéntico, para el conjunto de los países comunitarios.
Los expertos reflexionan sobre esta medida, que tiene el fin de favorecer la libre circulación de los trabajadores, como uno de “los logros más sobresalientes del proceso de integración económica europea”. El estudio ha sido editado por la Fundación Alternativas y, como en él se destaca: “entre los factores que alientan la movilidad geográfica, se encuentra la portabilidad de los derechos de protección social. Una insuficiente o deficiente coordinación de los sistemas de Seguridad Social, en la Unión Europea, podría generar barreras al derecho a la libre circulación”.   Las cifras de movilidad indican que tan sólo el 0,1% de la población de la UE-15 en edad laboral ha cambiado su país de residencia anualmente desde el año 2000, lo que significa que aproximadamente entre 170.000 y 180.000 personas en edad de trabajar cambia cada año de país, dentro de la UE-15. Una tasa notablemente inferior a la de Estados Unidos, donde, por ejemplo, un 3% de la población de esta franja de edad cambia de Estado todos los años.  A pesar de los escasos índices migratorios señalados, el informe advierte de que los movimientos intracomunitarios crecerán en los países del Este de Europa, una vez que finalicen las disposiciones transitorias en vigor, siendo los países occidentales de la UE-15 los principales receptores de tales movimientos.    Este fenómeno sería causado por, entre otros aspectos, las diferencias de renta entre los dos bloques europeos definidos. Por ejemplo, naciones como Rumania o Bulgaria, en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), disponen de una renta equivalente al 28,6% de la renta media per cápita de la UE-15. Del mismo modo, el estudio anuncia el posible volumen de emigración máximo de entre cuatro y cinco millones de personas desde la UE-10, una vez transcurridas dos décadas tras el final de las restricciones a la movilidad de los trabajadores de estos países.   La coordinación de los sistemas de pensiones de la Unión Europea   Desde 1971, existe en la Unión Europea un modelo de coordinación de los diferentes sistemas nacionales de Seguridad Social para proteger el derecho a las prestaciones sociales de las personas que se desplazan entre sus países, “un mecanismo jurídico para relacionar los diferentes sistemas, respetando sus especificidades y la capacidad de los Estados miembros para diseñas su política de Seguridad”, define el informe. Aunque, como destaca el trabajo de Fundación Alternativas, este actual modelo debe reflexionar en tres problemáticas que van a aparecer en el futuro.   Una de ellas sería el de la naturaleza de las prestaciones sujetas a coordinación. El actual modelo comunitario distingue entre pensiones contributivas (sujetas a coordinación) y asistenciales (no sujetas). Pero, el análisis subraya que las legislaciones de algunos países pueden considerar, como prestaciones contributivas, las que en otros países son de tipo asistencial. Además, cabe la posibilidad de que difiera el campo de cobertura o los requisitos para acceder a las prestaciones. Los académicos proponen, para superar esta dificultad, una armonización de mínimos en las legislaciones para definir, de manera homogénea, la naturaleza de las prestaciones en todos los estados miembros. Como es el caso de una clarificación, iniciada en los años ochenta, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proponía la inclusión en la Seguridad Social de todas las prestaciones no contributivas que presenten problemas de interpretación.   En un segundo apartado, se alerta de que, en la ampliación europea hacia los países del Este, existe una dificultad al sumar las legislaciones de los nuevos países comunitarios. Las principales diferencias con estos países, cuyas administraciones de Seguridad Social tienen “falta de rodaje”, radican en la reforma hacia cuentas individuales de ahorro, como uno de los rasgos de las reformas abordadas en los países orientales, que han entrado recientemente en la Unión Europea. Por eso, en aquellos sistemas, la garantía de la jubilación se basa en la capitalización del trabajador, más que en el sistema de reparto propio de España.    Por ejemplo, un trabajador polaco posee en su país natal una cuenta individual de ahorro para la vejez, pero, al emigrar a España, es afiliado a la Seguridad Social. Por eso, los profesores Serrano y Ferreiro proponen que, para que el trabajador exporte sus derechos, se debería disponer de algún procedimiento de rescate del capital acumulado en Polonia, transferible a nuestro sistema. Además, si el emigrante volviera a su país, también se encontraría con el problema de traslado del derecho acumulado en España a una prestación futura.   También supondría un reto el cambio del prototipo de trabajador que se desplaza de un país a otro. Ya que, como se afirma, se ha pasado de un modelo simple de trabajador manual, que permanecía en el país de acogida durante un largo periodo de tiempo, a otro más complejo. De esta forma, probablemente aumentará la movilidad por razones formativas o asociada con la jubilación. En palabras del propio ensayo, “el trabajador que se desplaza en la actualidad es, sobre todo, un trabajador cualificado que se mueve dentro de la misma empresa, o entre empresas, pero con periodos de estancia más cortos”. Por eso, se informa de que este nuevo empleado “puede inducir a un debilitamiento del principio general de que los trabajadores están sometidos a la legislación de Seguridad Social del país en el que trabajan”.   Creación de un sistema comunitario de pensiones   Junto con las trabas para la coordinación, Fundación Alternativas advierte de otra cuestión que exige respuesta: “los sistemas de protección social europeos, y de manera especial los sistemas de pensiones, deben hacer frente a los problemas financieros que derivan del envejecimiento de la población”. Como presenta el informe, estos dos problemas han de tratarse simultáneamente, y hace referencia a las consideraciones que apuntan hacia la sustitución de los actuales sistemas de reparto por uno solo, basado en tres pilares: la naturaleza asistencial, el ahorro voluntario y las cuentas nocionales individuales.   Esta iniciativa conlleva el paso a cuentas individuales, con las que un trabajador, que se desplaza del país, “viaja” con su ahorro. De este modo, no estaríamos hablando tanto de una portabilidad de derechos, como de una portabilidad en el ahorro. Frente a la cual, la coordinación entre administraciones de Seguridad Social se limitaría a transferir el ahorro nocional que cada trabajador tiene acumulado. Por otra parte, “en el caso del ahorro capitalizado en cuentas individuales de gestión privada, podría ser necesario disponer de una legislación única en lo relativo a la regulación y supervisión de las instituciones involucradas en la gestión de este ahorro”, ilustran los académicos.   Además, el estudio también considera que este modelo tampoco garantizaría una asignación eficiente del factor trabajo entre el conjunto de los países de la Unión Europea. Ya que podría generar desplazamientos de trabajadores hacia aquellos países donde exista una mayor rentabilidad nocional. También se cuestionan las ventajas atribuidas a las cuentas individuales capitalizadas, señalando que la rentabilidad atribuida a la inversión del ahorro en los mercados financieros implica riesgos.    Los expertos también añaden que “las cuentas individuales no cubren el riesgo de la inflación no anticipada y el de la longevidad”. Otro inconveniente, remarcado por el estudio, es el de “la miopía de los agentes para planificar sus decisiones de ahorro a largo plazo”, lo que podría generar problemas de ahorro insuficiente. Para los autores del informe, el objetivo de esta propuesta no es tanto la búsqueda de coordinación, como el intento de solventar los problemas de financiación a los que pueden enfrentarse los sistemas de pensiones actuales, debido al envejecimiento de la población.
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