CEN INFORMA
04.10.2013
“La jubilación anticipada ha sido el colchón al que se han acogido las empresas para estructurar plantilla”

Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Asociación Española de Salud y Seguridad Social organizaron, el pasado jueves, 26 de septiembre, una jornada dedicada a las últimas reformas en torno a la jubilación anticipada, que corrió a cargo de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria, Lourdes López Cumbre. La sesión se enmarca dentro del ciclo acerca del “Nuevo régimen jurídico de la pensión de jubilación”, que dirige el profesor de derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, Guillermo Barrios (para ver el vídeo de la catedrática, pulse aquí).
Según explicó la catedrática, “los problemas económicos, demográficos y políticos están llevando a cambios en esta figura de la jubilación, así como al aumento de la preocupación de la ciudadanía”. Algunos de estos recientes cambios son el Real Decreto-Ley 5/2013 o la Ley 27/2011. Esta última norma fue la que retrasó la edad legal de jubilación ordinaria (hasta los 67 años en 2027), de acuerdo con el Acuerdo Social Económico que suscribieron el Gobierno nacional, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, en febrero de 2011.

Sin embargo, la experta reconoció que, “en muchos aspectos, no tenemos autonomía propia para poder desarrollar una legislación nacional”, sino que estamos supeditados a los mandatos europeos, y, en este sentido, la realidad comunitaria está muy determinada por el envejecimiento de la población. De hecho, López Cumbre señaló que “España es el segundo país más longevo del mundo”, y añadió: “es algo que yo lo considero una fortuna, pero que tiene costes sociales”.

Una realidad sociolaboral muy marcada por la jubilación anticipada

Por este motivo, “desde los últimos cinco años, la Unión Europea viene recomendando que se opte por el envejecimiento activo de la población”. Así, todos los países del ámbito comunitario han tenido que incrementar su edad legal de jubilación, incluidos los españoles, que “hemos estado más de un siglo con una edad ordinaria a los 65 años”. Por otra parte, dentro también de “la dinámica del envejecimiento activa”, otra fórmula ha sido la de dificultar las jubilaciones anticipadas.

De hecho, López Cumbre explicó que “la jubilación anticipada ha sido una rémora para el envejecimiento activo, hasta tal punto que ha impedido que la edad legal de jubilación no haya coincidido con la edad real de jubilación (durante los últimos años, siempre inferior)”. En concreto, la experta señaló que, “hasta hace poco, a los 65 años, sólo estaba en activo a los 65 años un 5% de la población”.

Así, se han ido introduciendo nuevos requisitos para acceder a la jubilación anticipada, y, por ejemplo, “una de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo es limitarla sólo a carreras muy amplias de cotización”. Sin embargo, la académica reconoció que “quizá a fecha de hoy, puedan tenerla algunos trabajadores, pero, dentro de un tiempo, será difícil contar con largas carreras con cotizaciones plenas”.

Esta tendencia rectifica la corriente que ha venido marcando hasta ahora la realidad sociolaboral. Tal y como aseguró López Cumbre, “la jubilación anticipada ha jugado el papel de ser una especie de colchón al que se han acogido las empresas para reestructurar sus plantillas”, porque “permitía una salida más liviana”. Por lo tanto, el recurso a esta jubilación ha sido “un elemento de reconsideración más en los departamentos de Recursos Humanos de la empresa” y que ha gozado, además, con el “consenso sindical”. Además, “un elemento que había surgido en nuestro ordenamiento como un derecho ha pasado a ser una obligación”, por ejemplo, en el caso de jubilaciones anticipadas forzosas.

La reforma de la jubilación

Dicho esto, la catedrática explicó cómo, “para entender la jubilación anticipada, hemos de entender que ha ocurrido con la ordinaria”. Así, se refirió a que la norma ha introducido la jubilación a los 67 años, si bien sigue habiendo jubilación a los 65 años, para aquellas carreras de cotización que superen los 38 años y seis meses (en 2027, ya que este periodo también cuenta con su propia aplicación transitoria). “La jubilación anticipada tiene como referencia la ordinaria, porque lo que habrá de calcularse en base a ésta para cada caso”.

En cuanto a la jubilación estrictamente anticipada, “se mantiene el esquema que ya existía, pero cambian las condiciones para hacer más difícil el acceso”. Así, López Cumbre se refirió a los dos procesos de jubilación anticipada: por causa no imputable al trabajador y a la que se acoge el trabajador de forma voluntaria. Esta última más penalizada.

Así, respecto a la que aplica la empresa por causa no imputable al trabajador, se exige que sea a partir de los cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación. Además, la ley exige que el trabajador pase a ser demandante de empleo, al menos, seis meses antes de acceder a la pensión de jubilación. Por otra parte, el trabajador tendrá que tener cotizados al menos 33 años a la Seguridad Social.

López Cumbre también se refirió a que, además, ahora la decisión de la jubilación tendrá que estar justificada, por “causas muy tasadas en la ley”, como son: despido colectivo, despido objetivo, extinción dentro de la Ley concursal, muerte, incapacidad o extinción de la persona jurídica del empresario, fuerza mayor y situación de la mujer dentro de la violencia de género. La ley también exige que, en los despidos, se acredite que se ha hecho efectiva la indemnización al trabajador, por lo que habrá de acreditarse la transferencia de ésta. En cuanto al coeficiente reductor que se aplica a la pensión, también se amplia, siendo del 7,5% por cada año que falte para cumplir la edad legal de jubilación (entre los 30 y 34 años cotizados) al 6% (con 40 años o más).

Por otra parte, en la jubilación anticipada por causa imputable al trabajador, sólo se podrá acceder a los dos años previos a la jubilación ordinaria, así como tendrán que acreditarse 35 años mínimos de cotización. También se incrementa el porcentaje de los coeficientes reductores, de hasta un 8% por cada año que falte para cumplir la edad ordinaria de jubilación.

Sin embargo, la catedrática recordó que el Real Decreto 5/2013 estableció una excepción a la propia norma, introduciéndose colectivos para los que se seguirá aplicando el régimen de jubilación anticipada inferior. Por ejemplo, las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013. El acceso a la jubilación tendrá que ser, en este caso, antes de 2019.
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