CEN INFORMA
19.07.2013
CEOE apuesta por un sistema de Seguridad Social "sostenible" y el incentivo a las pensiones privadas  
"La reforma del sistema de pensiones constituye una necesidad inmediata debido al desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. El déficit previsto en 2013 para la Administración de la Seguridad Social es del 1,4% del PIB, por lo que resulta imprescindible adecuar los gastos a los ingresos, debiendo actuarse sobre los gastos, ya que las cotizaciones sociales son un impuesto sobre el trabajo que eleva los costes de las empresas, por lo tanto, cualquier acción dirigida a reducir dichas cotizaciones va a tener un impacto muy favorable sobre la actividad empresarial, para ganar competitividad y crear empleo" (para decargarse las propuestas de CEOE, pulse aquí).
Así plantea CEOE sus principios de cara a la reforma del sistema de la Seguridad Social, en su informe “Las reformas necesarias para salir de la crisis”, donde la patronal aporta sus soluciones para que las empresas puedan ganar competitividad de cara a la salida de la crisis económica. Según se refleja en el documento, “la reforma del sistema de pensiones debe aportar cambios importantes dirigidos a obtener un sistema equilibrado, sostenible e incentivador del empleo. En este sentido, las reformas deben ir encaminadas a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, resultando fundamental el principio de contributividad, reforzando la relación entre la contribución realizada y la prestación recibida, siendo necesario establecer la cotización durante toda la vida laboral como base fundamental de la determinación de las prestaciones”.

Además, la patronal llama a “incentivar los sistemas de pensiones privadas de jubilación que sean complementarias de las pensiones públicas. A este respecto, se deben promover medidas que incidan directamente en el impulso de la previsión complementaria de carácter individual mediante incentivos fiscales que aumenten su atractivo, debiendo favorecerse, asimismo, el cobro de prestaciones en forma de renta vitalicia aseguradas”.

En cuanto al estímulo de este sistema de previsión complementaria en el ámbito de la empresa, “se deben introducir aquellas reformas en el modelo existente que lo conviertan en atractivo para las mismas, lo que supone la realización de actuaciones no sólo en el plano fiscal, sino fundamentalmente en el análisis global de los costes sociales que asumen las empresas, ya que la previsión social complementaria en el ámbito empresarial debe ser contemplada como una herramienta de eficacia para la política de recursos humanos de la empresa”.

Objetivos para las organizaciones empresariales de mejora de la negociación colectiva

El informe de propuestas de CEOE también incide en reformas relativas al marco del mercado de trabajo, y señala que, desde que entró en vigor la reforma laboral (12 de febrero de 2012) hasta el 31 de diciembre, se han firmado 111 convenios de empresa nuevos –primeros convenios- que afectan a 25.579 trabajadores, en los que el incremento salarial medio ponderado por el número de trabajadores a los que se aplica es el 0,52%. Durante los cuatro primeros meses de 2013, según datos del Ministerio de Empleo, se han creado 85 nuevas unidades de empresa.

CEOE también propone “avanzar hacia un sistema de negociación colectiva más ágil, eficaz y adaptado a las necesidad impuestas por el nuevo marco de relaciones laborales”. Además, “es preciso la renovación y actualización de los convenios, en aras a la competitividad de las empresas y la estabilidad en el empleo de los trabajadores, respetando básicamente la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación”.

Otra recomendación de la patronal es la de que los convenios eviten los despidos, procurando la “potenciación de los mecanismos de flexibilidad interna” en la línea que recoge el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC), que firmaron el año pasado CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. Estas medidas de flexibilidad deberían abordar materias como el tiempo de trabajo, la clasificación profesional, las funciones o el salario.

Inaplicación de condiciones laborales fijadas en convenio

El marco laboral también ha sufrido importantes modificaciones a la hora de acogerse al descuelgue de convenio colectivo, ya que la reforma flexibilizó las causas y amplió las materias susceptibles de inaplicación. Según la información de la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, hasta el 30 de abril de 2013, se han depositado en los registros de las distintas autoridades laborales 1.665 inaplicaciones de las condiciones de trabajo fijadas en convenio que afectan a 101.408 trabajadores.

Esto demuestra, según CEOE, la “adaptación de la negociación colectiva a las necesidades de flexibilidad y competitividad de las empresas y de estabilidad en el empleo de los trabajadores, sin que se distorsione la estructura de la negociación colectiva”. Sin embargo, la organización propone algún cambio en el Real Decreto 1362/2012, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, para el caso de no alcanzar las mayorías necesarias para resolver sobre la inaplicación solicitada en el seno de dicha Comisión. Por ejemplo, la patronal propone el nombramiento de un árbitro del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, a partir de la propuesta de cinco árbitros que formule cada parte, empezando a tachar las listas por procedimientos de azar, hasta que quede un solo árbitro.

Ultractividad

Respecto al límite que la reforma laboral impuso sobre la ultractividad, limitando la vigencia de un convenio a un año tras la denuncia de su caducidad, el informe se refiere al acuerdo sobre ultractividad de los convenios colectivos, que firmaron CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, el pasado 23 de mayo. En concreto, se pide “estimular la mediación y el arbitraje ante las situaciones de estancamiento de la negociación”, así como se llama a la “capacidad de las partes negociadoras de preservar la ultractividad de los contenidos del convenio o de los tiempos de negociación que estimen oportunos”.

Absentismo

La patronal también advierte del perjuicio que supone el absentismo para las empresas. Con datos del tercer trimestre de 2012, el índice de absentismo en España es del 5,06% en el sector público y del 4,47% en el sector privado. Además, el coste empresarial anual del absentismo en España es de un total de 7.250 millones de euros por Incapacidad Temporal, de los que 6.548 millones a Incapacidades Temporales por Contingencias Comunes (ITCC, de aportación directa de las empresas) y 702 millones a Incapacidades Temporales por Accidente de Trajo o Enfermedad Profesional (ITATEP, soportado por cuotas).

Para una mejora de este aspecto, el informe propone medidas como “establecer un procedimiento sancionador por la utilización fraudulenta de la situación de ITCC, similar al existente en la utilización fraudulenta de la prestación de desempleo”. Además, “sería importante poder penalizar el importe de la prestación por IT durante los primeros 15 días a quienes reiteren los procesos de IT, dado que esos primeros 15 días los abonan los empresarios”. También recomienda que los médicos de las Mutuas den las altas médicas, “lo que redundaría en una gestión más eficiente de costes, tanto para la Seguridad Social como para las Empresas asociadas”.

Mutuas

Precisamente, en este aspecto, CEOE lamenta que las mutuas han sufrido un proceso de publificación que las ha hecho “menos eficientes, trasladándoles las ineficiencias de lo público”. En concreto, asegura que existe una “mejorable gestión privada, que se materializa en un coste de oportunidad estimado en 7.600 millones de euros al año, que están asumiendo las empresas, y adicional al sobrecoste de Servicios Comunes y Reaseguro que la Seguridad Social está imputando con cargo a cuotas de Accidentes de Trabajo”.

A modo de propuesta, se sostiene que “la reforma organizativa de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales, tal como prevé el Plan Nacional de Reformas aprobado el 26 de abril, debe ir encaminada a conseguir una mayor autonomía en su gestión y una menor burocratización, siempre dentro de un marco legal que incida en la transparencia y adecuación presupuestaria, pero sin perder la flexibilidad en su gestión y con la necesaria seguridad jurídica”.

También, para una mejor gobernanza, CEOE afirma que “resulta prioritaria una mayor participación de las empresas asociadas en los Órganos de Gobierno de las Mutuas. Por ello, hay que establecer procedimientos claros y transparentes para acceder al máximo órgano de Gobierno de las Mutuas y favorecer la presencia de las organizaciones empresariales más representativas en los mismos. Asimismo, hay que dinamizar el funcionamiento de las Mutuas mediante la limitación de mandatos, de edad o diferenciar la representación de las empresas en los órganos de Gobierno de las Mutuas, según se trate de grandes, medianas o pequeñas.

Prevención de Riesgos Laborales

En materia de prevención, CEOE denuncia que, a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de su normativa de desarrollo se ha configurado un “modelo normativo caracterizado por la exigencia de una híper responsabilidad objetiva al empresario, haciéndole garante de los resultados de seguridad y salud de los trabajadores. Además, cada vez existen más instrumentos sin la naturaleza jurídica necesaria, que extienden la responsabilidad empresarial a ámbitos donde no existe capacidad o competencia organizativa del empresario”.

Los empresarios asisten a un prolijo “deber de medios” frente al modelo existente en otros países europeos en los que para la aplicación del “deber de resultados”, se deja a la decisión de las empresas la organización y determinación de los medios para alcanzar los mismos, en función de las características sectoriales, del tamaño de las empresas y de los riesgos existentes. “Esta situación provoca una sobrecarga inasumible para las empresas, especialmente para las pymes, lo que deriva en una fuerte desventaja competitiva frente al resto de empresas europeas, además de contravenir el principio de unidad de mercado”.

Por lo tanto, CEOE llama a modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Concretamente, indica que “resulta necesario delimitar y definir los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional con finalidad netamente preventiva y que venga determinada por el ámbito de actuación del empresario, en virtud de su poder de dirección y de organización del trabajo, desligando los mismos de los conceptos de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, en el ámbito de la protección social”. También reclama delimitar las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores respecto a la utilización adecuada de los equipos de trabajo y los medios de protección.

Formación Profesional para el Empleo

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2012 consolidaron una importante reducción de más de un 30% en la partida de gasto destinada a la financiación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE), destinándose una parte importante de los ingresos procedentes de la cuota de formación profesional (0,7%, del que el 0,6% es a cargo de la empresa y el 0,1% del trabajador), cuyo carácter es finalista para financiar la formación de los trabajadores ocupados tal y como han confirmado recientes Sentencias del Tribunal Constitucional, a otros fines distintos para los que se recaudan, tal y como advierten desde CEOE, que también apuntan que los PGE de este año han ido en la misma línea.

En este sentido, CEOE también califica de “insostenible” la situación actual e informa de que, de los 1.960 millones de euros que está previsto recaudarse durante 2013 con la cuota de formación profesional, 1.059 millones de han destinado a financiar la formación de desempleados que gestionan las comunidades autónomas en el marco de sus políticas activas de empleo, “sobre los que los interlocutores sociales, e incluso la Administración General del Estado, no tienen información ni control alguno”. Con todo esto, la patronal llama a alcanzar un nuevo Acuerdo Nacional de Formación en el que se redefina el Sistema de FPE sobre la base del carácter finalista de la totalidad de fondos recaudados con la cuota de formación.

Educación

El informe también apunta a que “debe mejorarse la calidad en el sistema educativo y reducir el abandono escolar prematuro”. Según CEOE, las cifras en relación a la población con niveles educativos bajos con “preocupantes”. Además, el porcentaje de ciudadanos con un nivel de estudios secundarios postobligatorios (61,7% en 2012) sigue siendo de los más bajos de los países de la Unión Europea.

Además, la patronal denuncia que, desde 2009, los presupuestos de España en educación han iniciado una evolución descendente. La liquidación total del gasto en educación en 2012 lo sitúa en 50.448,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,2% con relación al año 2011, y del 4%, respecto al 2009.

Las propuestas de CEOE en materia de educación pasan por “transmitir en la educación la imagen real del empresario y el papel de la empresa en el desarrollo económico y social del país”, así como “garantizar la transmisión de valores (cultura del emprendimiento y el esfuerzo, responsabilidad, etc.) y competencias profesionales (capacidad de trabajar de forma autónoma, en equipo, iniciativa, eficiencia, bilingüismo, etc.) necesarios para desenvolverse en la sociedad y en la empresa”. También se llama a alcanzar una Formación profesional reglada que dé respuesta a las necesidades de las empresas.
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